El reclamo del Ejecutivo nacional para que el Congreso trate el proyecto que grava la llamada “renta inesperada” cayó de sorpresa en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa está estancada hace cinco meses y no estaba en el radar de la agenda parlamentaria, más pendiente por ahora de qué sucederá con las PASO.
Con el oficialismo cargado de internas y lejos de tener una mayoría propia en la Cámara Baja, y con el rechazo ya definido de los principales bloques opositores, la posibilidad de que la iniciativa avance son bajas, y tampoco se trataría antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias a fin de mes.
Quien volvió a poner el tema en agenda fue la portavoz da la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves. La vocera oficial de Alberto Fernández afirmó que no es prioridad del Gobierno avanzar con al eliminación de las PASO, sino con la “renta inesperada”.
“Necesitamos que se apruebe el proyecto de Renta Inesperada porque esto significa mayores ingresos para el Estado que van a ser redistribuidos en muchas de las políticas que muchos sectores están reclamando y que tiene que ver con que aquellos que han tenido rentas extraordinaria con situaciones trágicas como la guerra y la pandemia”, dijo Cerruti. La semana pasada, en una entrevista, el Presidente se había quejado de que el Congreso no avanzaba con el tratamiento.
La iniciativa fue presentada en junio cuando el ministerio de Economía todavía seguía en manos de Martín Guzmán, antes de su caótica salida del Gobierno. Propone aumentar la alícuota del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital, con rentas superiores a los $1000 millones, cuya Ganancia Neta Imponible haya crecido en términos reales en este año.
Desde que asumió Sergio Massa hace tres meses, no hubo ningún pedido del ministro al Congreso para avanzar en esa dirección, según afirmaron en la certera económica y fuentes parlamentarias. De hecho, cuando todavía era presidente de la Cámara Baja, el entonces diputado advertía que sería “muy difícil” lograr su aprobación en medio de la interna oficialista y sin apoyo de la oposición. Pasaron cinco meses desde entonces.
A menos de un mes que finalice el periodo de sesiones ordinarias, en la presidencia de Diputados que hoy comanda Cecilia Moreau interpretaban que no habría tiempo suficiente para conseguir consenso y al menos lograr un dictamen de comisión que quede preparado para llevar al recinto. En ese sentido, el proyecto podría ser incluido por Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias, que define exclusivamente el Poder Ejecutivo.
Pero el escenario no es el mejor para el tratamiento de la iniciativa. Juntos por el Cambio, que tiene 116 diputados nacionales, ya anticipó su rechazo, porque supondría un aumento de impuestos. Tampoco acompañarán los cuatro diputados libertarios de los bloques de José Luis Espert y Javier Milei.
En el Interbloque Federal -que componen 8 diputados socialistas, peronistas bonaerenses y peronistas cordobeses- también advierten que no estarían dispuestos a acompañar, a menos que el proyecto fuera elaborado de nuevo. Según un referente del interbloque, el proyecto terminará imponiendo un gravamen a pequeñas y medianas empresas (según la propia definición oficial por niveles de facturación) de la construcción, servicios, comercio, de la industria y del sector agropecuario, y no compañías energéticas como sucede en otros países del mundo que cita como ejemplo el Ejecutivo para defender la renta inesperada.
Incluso si hubiera consenso entre los 117 diputados del Frente de Todos (algo que todavía no está claro), el oficialismo quedaría lejos de los 129 diputados sentados en sus bancas para alcanzar el quorum y poder sesionar. Con apoyo del interbloque de Provincias Unidas, y algunos bloques provinciales más pequeños, podría llegar a los 123 o 124 diputados. El Frente de Izquierda, de cuatro diputados, no adelantó que posición tomaría.
