La pesadilla que viven Ariel Pérez y Catalina Catán se remonta a la pandemia del Covid-19. A principios de 2021, el hombre que trabaja como enfermero -junto a su esposa- en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, Santa Fe, denunció un vacunatorio VIP. Casi un año después, denunció en El Corresponsal que a los dos los removieron de su cargo y los trasladaron por haber hecho las denuncias.
El enfermero llevaba 30 años en el centro de salud y tenía responsabilidades de jerarquía. Entre las denuncias que realizó aseguró que el intendente de Granadero Baigorria se vacunó antes que el personal de salud. Lo insólito del caso es que la investigación nunca avanzó lo suficiente como para encontrar responsables y hoy los que sufren las consecuencias son los dos médicos.
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Según relató Ariel Pérez, en las últimas semanas lo removieron de su cargo y lo trasladaron a otro hospital por una acusación de malos tratos hacia una persona que tenía a su cargo. Lo curioso es que tomaron las mismas reprimendas contra Catalina, su esposa, que no recibió ninguna acusación.
“No lo están trasladando tan lejos”, dijeron desde las autoridades del Gobierno de Santa Fe. Sin embargo, la denuncia, según Pérez, se vuelve insostenible porque “si a una persona que se lo investiga por maltrato a un subordinado, la solución no es trasladarlo, sino sancionarlo o echarlo porque los malos tratos pueden continuar en otro lugar”.
“La sanción va contra la persona protagonista de la historia, no contra su cónyuge o esposa”, agregó el enfermero, quien explicó que la decisión la tomó la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano. “Esperamos que lea la convocatoria que presentamos y reflexione sobre por qué tomaron esta actitud para con nosotros y no contra el director y el consejo de administración que son los responsables”, señaló.
“Hay un antecedente de un vacunatorio VIP en Reconquista donde fue intervenido y la denuncia siguió contra el consejo de administración. En este hospital soy el denunciante, pero parece como si fuera el culpable de todo”, apuntó.
Pérez dijo que, tanto él como su esposa, están viviendo “una persecución y un hostigamiento total que se volvieron una pesadilla” y reveló que “muchos compañeros están trabajando con miedo” y lo apoyan de manera privada porque “las autoridades de turno son los dueños del poder”.
Una sanción que les complica la vida
La medida que tomaron desde el Ministerio de Salud de Santa Fe no solo afecta en lo profesional, explicó el enfermero, sino que tiene sus consecuencias desde la perspectiva económica.
“Nosotros vivimos a cinco cuadras. Yo compré un terreno y me hice una casa cerca. Voy a cumplir 30 años en el hospital y mi esposa 17. Esto es un perjuicio económico porque a mi esposa la mandan a otra ciudad a 5 kilómetros, a mí me mandaron a un pueblo lindero de Granadero Baigorria que está a 8 kilómetros”, denunció.
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Pérez agregó que eso genera un gasto extra en materia de combustible y de transporte. “El daño que nos están causando es terrible”, esgrimió el enfermero, quien también se refirió al daño que puede generar este precedente: “Es una medida disciplinaria para que nos callemos y miremos para otro lado. Así los médicos van a decir: ´Mirá lo que le pasó a Ariel Pérez y a Catalina Catán´”.
“Es un abuso de autoridad total de este Gobierno, de la parte de la dirección, del Consejo de Administración y del gremio UPCN. Han ingresado cualquier cantidad de personas durante el Covid. No soy quién para decir que no merecen trabajar, pero todos entraron desde el Estado. Yo no entré por ningún pariente. El ingreso es terrible. Hoy UPCN maneja el hospital”, exclamó en el final de la entrevista.
