El operativo realizado el último martes para desalojar los predios usurpados por la agrupación mapuche, Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, que culminó con la detención de ocho personas, cosechó críticas para el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tanto desde la oposición como de integrantes del propio Frente de Todos. Incluso, derivó en la renuncia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. A raíz de ello, este domingo el funcionario volvió a defenderse.
“Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi, con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos”, inició su defensa el titular de la cartera de Seguridad, a través de su cuenta de Twitter.
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“Parecieran no advertir que nuestro gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales, las mandas a cumplimentar. No se instruye a realizar actos violentos y si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza. Ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida”, aclaró Aníbal Fernández, apuntando al cumplimiento de la orden judicial impartida por la jueza federal Silvina Domínguez.
“Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las ordenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”, remató, con ironía, el ministro.
Este mismo domingo, en horas de la madrugada, ya había lanzado un hilo de tweets en el mismo sentido.
“Pareciera que algunos narradores no comprenden que la primera obligación de un funcionario público es cumplir la ley. Las decisiones judiciales no se controvierten y las autoridades políticas deben realizarlas por medio de acciones materiales racionales”, explicó.
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“Las normas convencionales internacionales en derechos humanos obligan a satisfacer las demandas de interés general mediante el menor sacrificio posible de las garantías individuales. Esa fue la instrucción política impartida a las fuerzas de seguridad”, añadió.
“Las fuerzas de seguridad han cumplido su rol de manera ejemplar y realizando las medidas, provocando el menor daño posible. Es así narradores: ‘el que nace para pito, no llegue a corneta’”, culminó.
Desmentida de renuncia ante un rumor de Luciana Salazar
Durante su participación como invitada al programa de La Noche de Mirtha Legrand, la vedette Luciana Salazar aseguró que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, iba a dejar su puesto en las próximas horas.
“Me llegó, no sé si será verdad, yo digo la información que me llegó, que parece que va a haber cambio de Gabinete: se va a ir Aníbal Fernández y va a venir alguien del entorno de la señora”, explicó Salazar.
Aníbal no desaprovechó la ocasión y, prácticamente en simultáneo, negó las versiones de salida del Gabinete de Alberto Fernández.
A través de un irónico tweet con una imagen de la pantalla del programa de Mirtha Legrand con el graph de los dichos de la modelo, dijo: “Mi abuela solía decir ‘maldición de burro, nunca alcanza’. Nunca lo entendí…”
La renuncia de la ministra Gómez Alcorta por “graves violaciones a los derechos humanos” y críticas de La Cámpora
El punto más álgido de descontento en un sector del Gobierno con el accionar de las fuerzas de seguridad en Villa Mascardi quedó expuesto tras la renuncia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien denunció “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas”.
“Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi en el que se produjeron detenciones de mujeres y niños, con participación de fuerzas federales, me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”, afirmó Gómez Alcorta en su carta al presidente Alberto Fernández.
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Por su parte, la agrupación kirchnerista La Cámpora emitió un comunicado en el que repudiaron “con enorme preocupación la militarización y la vulneración de derechos que viene desarrollándose en Villa Mascardi desde el pasado 4 de octubre a partir del accionar del Comando Unificado de las fuerzas federales que desalojaron y detuvieron a niñas, niños y mujeres, trasladando a cuatro de ellas a más de 1500 kilómetros de distancia de sus hijas e hijos pequeños, sin derecho a defensa y con desconocimiento de los delitos que se les imputan”.
