En medio del recrudecimiento de la violencia atribuida a grupos mapuches en Villa Mascardi, Alberto Fernández encabezó un acto en Río Negro y evitó referirse al tema. Apenas dejó una frase de ocasión al ser consultado posteriormente por periodistas que cubrieron el evento: “Vamos a seguir trabajando junto al gobierno provincial para resolverlo. Está claro que nadie quiere que este problema exista”.
En simultáneo, la gobernadora Arabela Carreras lanzaba definiciones fuertes: “Está en discusión la soberanía argentina sobre la Patagonia”, dijo, a la vez que acusó a funcionarios nacionales de “colaborar material e ideológicamente” con los grupos violentos y le reclamó “más firmeza” al Gobierno para resolver el conflicto.
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La mandataria rionegrina recostó en Fernández una confirmación que el Presidente evitó hacer en público: adelantó que la semana que viene estará conformado el Comando de Fuerzas Federales. La Policía Federal, de Río Negro, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura se unirán para encarar una tarea similar a la desplegada en Rosario ante el avance de los narcos.
La dura carta de Alberto Fernández hace un año: “No es función del Gobierno brindar mayor seguridad a la región”
La iniciativa oficial contrasta con la postura exhibida por Fernández desde el inicio de su mandato cada vez que el conflicto se coló en la agenda nacional. “No es función del Gobierno brindar mayor seguridad a la región”, azuzó el Presidente a Carreras hace exactamente un año, en semanas de cruces y pases de factura en torno a la violencia ejercida desde hace cinco años por encapuchados que sostienen una reivindicación mapuche.
En octubre de 2021, el discurso de la gobernadora de Río Negro no era muy distinto al actual. Entonces, Carreras le reclamó a la Casa Rosada el envío de efectivos para contener la situación después de que grupos vinculados a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) incendiaran un club deportivo. “No pido un favor, lo estoy exigiendo”, había dicho, entonces, la mandataria.
De confirmarse el inicio de las operaciones del Comando de Fuerzas Federales, la disposición oficial se haría al amparo de la Ley 24059 de Seguridad Interior, que establece que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto “cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”. Paradójicamente. la normativa había sido utilizada hace 12 meses como argumento para negar el envío de fuerzas federales.
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Este viernes, tras el acto presidencial en General Roca, Carreras demandó que haya “claridad de parte de todos los organismos federales” para abordar el conflicto. Y le apuntó al Instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAI).
“Sigue en una postura ambigua respecto de la soberanía de la Patagonia”, criticó la dirigente rionegrina. Sus palabras llegan un mes y medio después de que Alberto Fernández le pidiera la renuncia a Magdalena Odarda, titular del organismo que responde a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Su vicepresidente, Luis Pilquiman, todavía se mantiene en el cargo: imputado en 2020 por la Justicia federal de Bariloche por trasladar personas a la toma de Mascardi, sería el apuntado por Carreras este viernes, cuando acusó al organismo de “colaborar material e ideológicamente” con los grupos violentos.
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Otro mensaje recibido con alerta por el oficialismo nació de tres legisladores nacionales de Juntos Somos Río Negro: el senador Alberto Weretilneck y los diputados Luis Di Giacomo y Agustín Domingo cuestionaron “tibieza cómplice” del Gobierno nacional y la Justicia federal ante la violencia en Villa Mascardi.
Los tres responden a Carreras y son aliados del oficialismo en el Congreso. En el escenario de paridad existente sobre todo en la Cámara baja, el espacio rionegrino puede ser clave en algunas votaciones.
