El kirchnerismo, la izquierda y los liberales formaron un “Frente Anti-Grúas” y convocaron a una sesión especial la semana próxima para frenar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prorrogar el contrato de las empresas que hoy están a cargo del acarreo de vehículos.
En una nota enviada al vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, del bloque oficialista Vamos Juntos, los legisladores opositores solicitaron una sesión para el próximo jueves, a fin de “tratar la suspensión del servicio de acarreo en la Ciudad hasta que se regularice la situación de las concesiones que están vencidas desde 2001″, informó el Frente de Todos en un comunicado.
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El pedido cuenta con 28 firmas, pero para alcanzar el quórum se requiere de 31 diputados presentes, tres más de los que comprometieron su asistencia. Es decir, para prosperar, debería contar con el respaldo de legisladores alineados con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Ramiro Marra de Libertad Avanza agregó que “se puede tener diferencias ideológicas con otros espacios, pero en cuestiones como las que queremos tratar en esta sesión especial, estamos todos de acuerdo ya que en el servicio de grúas hay normas básicas de la Ciudad que se están incumpliendo”.
Amanda Martín, del Frente de Izquierda, explicó que su bloque, además de pedir la derogación de la concesión, presentó un proyecto que plantea la “impugnación del sistema de acarreo” debido al “evidente negocio sin control que hay detrás del mismo”.
El Gobierno porteño inició a fines de julio el llamado a licitación para el servicio de grúas de acarreo de autos mal estacionados, cuya concesión está en manos de dos empresas desde la década de los 90, las cuales operan desde hace más de 20 años con prórrogas de contratos.
La medida de la administración del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue publicada en el Boletín Oficial, donde también se confirmó que el sistema de acarreo se ampliará al 100 por ciento del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la actualidad que está vigente solamente en el micro y macro centro y en algunos barrios.
La licitación plantea un plazo de operación de 10 años de duración y prevé una preadjudicación a fin de año, lo que permitiría, según las estimaciones oficiales, que a mediados del 2023 se ponga en funcionamiento el nuevo sistema.
