La ceremonia de su asunción duró menos de dos minutos. La renuncia de Leopoldo Fortunato Galtieri, después de la locura de la Guerra de Malvinas, lo catapultó, ya como General retirado, a ser el último dictador de la Argentina. Hoy, hace exactamente 40 años, asumía la presidencia Reynaldo Bignone, el último presidente de facto.
“Siento una gran emoción y a su vez una cabal responsabilidad. El país se encaminará por la senda por la que se debe encaminar, la de la unión nacional. Les pido a los argentinos que tengan fe”, fueron las palabras del general retirado, de entonces 54 años, a un periodista antes de que le colocaran la banda presidencial encima de su uniforme militar.
A pesar de la negativa de la Armada y la Fuerza Aérea, Reynaldo Benito Antonio Bignone fue impuesto para asumir el 1° de julio hasta el 29 de marzo de 1984, día en que estaba previsto que terminara el mandato de Galtieri. Pero la presión política y popular, profundizados después de la Guerra de Malvinas, llevaron a los militares a tener que adelantar sus planes del retorno de la democracia.
Quién fue Reynaldo Bignone
Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, Bignone cerró en 1983 la serie de cruentos gobierno militares que había comenzado el 24 de marzo de 1976 con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón.
El 7 de marzo de 2018, ocho días después de la muerte del también genocida Luciano Benjamín Menéndez, Bignone falleció cuando cumplía arresto domiciliario en un edificio de Luis María Campos y Dorrego, en el barrio porteño de Palermo, desde donde fue trasladado de urgencia al Hospital Militar.
Un año antes de su muerte, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín le había impuesto la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas soldados que cumplían el servicio militar obligatorio en el Colegio Militar de la Nación entre 1976 y 1977, en un juicio en el que también fueron condenados otros seis represores. Con esta última sentencia, había sumado tres condenas a perpetua y otras siete de al menos 15 años de prisión.
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También fue condenado a prisión perpetua en 2011, en la causa Campo de Mayo III, y en 2013, en un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas.
Además, en otros juicios, fue hallado culpable de crímenes del terrorismo de Estado cometidos en diversos centros clandestinos de Campo de Mayo y en el Hospital Posadas, en el Gran Buenos Aires, y se acreditó su responsabilidad en la apropiación de hijos de desaparecidos y en el Plan Cóndor que coordinó la represión ilegal de las dictaduras sudamericanas.
La gestión de Reynaldo Bignone, el último presidente de facto
Ya como presidente, Bignone puso todo su esfuerzo en el breve lapso de diecisiete meses que duró su gobierno, en condicionar a la futura democracia; ordenó destruir toda la documentación que existiese en las fuerzas armadas sobre los “detenidos desaparecidos”, e intentó subordinar el traspaso del poder a que se cumplieran, por parte de las fuerzas políticas nucleadas en la entonces Multipartidaria, una serie de condiciones entre las que sobresalía la no revisión de lo actuado en la llamada lucha antiterrorista.
Además, bajo su gobierno, entre el 1º de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, un documental transmitido por la cadena nacional intentó cerrar el hondo drama vivido por el país sólo con la visión de los dictadores, y fue sancionada una ley de amnistía, solapada bajo el lema “De Pacificación Nacional”, que pretendió redimir de responsabilidad penal por violaciones a los derechos humanos a los miembros de las fuerzas armadas que hubiesen actuado en la represión a la subversión. La Ley fue luego declarada inconstitucional por la Justicia y anulada por el Congreso.
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Bignone ordenó emitir en abril de 1983 un “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo” que negaba la existencia de detenidos a disposición de las fuerzas armadas, afirmaba que no existían en la Argentina lugares secretos de detención y decretaba que quienes figuraran como desaparecidos “y que no se encuentren exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos”.
El 10 de diciembre de 1983, vestido de civil, le entregó el mando a Raúl Alfonsín, en su mejor acto de Gobierno.
