En una reunión conjunta, la comisión de Industria y la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados avanzaron sobre el proyecto de ley de Compre Argentino y Desarrollo para Proveedores, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto en el que trabajan los diputados es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales.
La iniciativa otorgará a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlas en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales. Será tratada nuevamente por las comisiones el próximo jueves.
La subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, mencionó: “El objetivo de esta ley es poder acompañar, incrementar el poder, generar nuevas oportunidades y desarrollos de empresas nacionales, en el fuerte poder de compras públicas que tiene el Estado, generando una estructura más diversificada y competitiva”. También precisó que se busca “Poder avanzar en un aspecto que hoy la ley no contempla, como generar sectores estratégicos e innovadores”.
En el debate en conjunto, también se trató la temática de desarrollo sostenible, la producción, y consumo responsable. En línea con dichos ejes, el diputado de Evolución Radical (San Luis), Alejandro Cacace destacó: “Uno de los puntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, es que en las adquisiciones públicas de los estados se tengan en cuenta, de manera preferente, a aquellas empresas que cumplen con las pautas del desarrollo sostenible de la producción y consumo responsable”.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos (Río Negro), Susana Graciela Landriscini, explicó: “Quienes estudiamos la industria como motor del desarrollo económico de los países sabemos que en los tiempos actuales, las industrias con los nuevos servicios derivados de las tecnologías de información y comunicación generan una gran oportunidad. Esto no tiene un automatismo en la historia, requiere un tiempo de desarrollo y la promoción del Estado”.
Cómo es el proyecto de ley de Compre Argentino
La ley utiliza una serie de instrumentos para promover la participación de la industria nacional en las compras públicas:
- Revisión de proyectos de pliego: intervención antes de la publicación del pliego para garantizar la igualdad de acceso a los proveedores nacionales, en contrataciones de la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado igual o superiores a $240 millones. La Autoridad de Aplicación puede exigir modicaciones del proyecto de pliego cuando existan restricciones de participación de la producción nacional o condiciones desiguales de competencia.
- Márgenes de preferencia para bienes de origen nacional: en todas las contrataciones superiores a $3 millones (15% para MIPyMES y 8% para el resto)
- Márgenes de preferencia para bienes no nacionales pero con algún grado de integración local: siempre y cuando no participen ofertas de bienes nacionales en todas las contrataciones superiores a $3 millones (1% hasta un máximo de 8% por cada 5 p.p. de integración local).
- Posibilidad de mejorar la oferta para MIPyMES: para oferentes de bienes de origen nacional en compras de bienes de la Administración Pública Nacional menores a $60 millones, siempre y cuando su precio no haya superado en más de un veinte 20% a la mejor cotización o precio testigo.
- Reservas de mercado para MIPyMES: en las compras de la Administración Pública Nacional de hasta $3 millones (bienes) y $300 millones (obra en vivienda y edificios públicos).
- Exigencia de Certificado de Verificación para Bienes de Origen No Nacional (CDV): con el objetivo de verificar del valor de los bienes no nacionales.
- Acuerdos de Cooperación Productiva: exigencia a los proveedores de bienes no producidos en nuestro país de suscribir un compromiso de subcontratación de bienes y servicios locales y en caso que no sea posible, transferir tecnología a proveedores locales, radicar inversiones o realizar investigación y desarrollo, en contrataciones de la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado igual o superiores a $720 millones.
- Posibilidad de modificar condiciones en contrataciones de bienes de alto contenido científico-tecnológico, en contrataciones de la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado igual o superiores a $240 millones.
