Tras una semana de caos por el acampe sobre la Avenida 9 de Julio, las organizaciones piqueteras de izquierda finalmente liberaron la zona sin recibir respuestas de parte del Gobierno. En adelante, el escenario no solo promete nuevos capítulos del conflicto, sino que aventura un año de tensión, mientras la Casa Rosada no cede en su postura y se niega ampliar el número de planes sociales.
“Con la calle cortada, no”, fue la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a los miles de militantes de las 30 organizaciones (entre las que se encuentran Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur y el MST-Teresa Vive) que ocuparon la avenida más importante de la Ciudad de Buenos Aires durante 48 horas, en reclamo de más planes y asistencia alimentaria.
Leé también: Alberto Fernández busca encauzar el rumbo económico para acallar las críticas del kirchnerismo duro
Sin embargo, el acampe mostró la interna oficialista desde un nuevo ángulo, dadas las diferencias en torno a las vías de resolución del conflicto. La aparición de Juan Grabois para solidarizarse con los manifestantes fue una sorpresa para el Gobierno. El dirigente social, cuyos tres diputados no acompañaron el acuerdo con el FMI, había marchado la semana pasada con Máximo Kirchner y La Cámpora en el Día de la Memoria.
Mientras tanto, las organizaciones sociales que responden al Frente de Unidad Piquetero -organizador del acampe- y convirtieron al centro porteño en un lugar intransitable, anuncian que la medida de fuerza se repetirá en 15 días.
La manifestación tuvo réplicas en Córdoba, Santa Fe y Mendoza -entre otras provincias- y el acampe como método de protesta parece haber llegado para quedarse. En simultáneo, en La Matanza, vecinos cortaron la autopista Riccheri para reclamar por un corte de luz, mientras que organizaciones sociales bloquearon el centro de la ciudad de Neuquén para exigir la creación de puestos de trabajo y el abastecimiento de comedores y merenderos.
Todo transcurre mientras la gestión de Alberto Fernández no logra contener la inflación y, en particular, la suba de los precios de los alimentos, que afecta principalmente a los sectores más vulnerables.
Leé también: Interna por la inflación: Roberto Feletti dice que el Indec “sobreestima” la suba de precios
El Gobierno no cede y se prepara para más acampes: “Tenemos que aprender a convivir con el reclamo”
Un importante funcionario de la Casa Rosada hizo una lectura del conflicto en diálogo con TN. “Es un problema legítimo, complejo, pero utilizado por la izquierda para acumular en su lógica de cuanto peor todo, mejor”, subrayó.
“Tenemos que aprender a convivir con el reclamo. Los habrá de todo tipo, porque estamos en una situación muy compleja, sobre todo si no baja la inflación”, reconoció. Y amplió: “Esto va a ser negociar, escuchar, acordar, negociar, bancar. Nos tenemos que bancar esta situación sin caer en la tentación de reprimir”.
En ese sentido, insistió: “No podemos hacerlo, aunque se violente la situación o traten de saltar la reja del ministerio. ¿Cómo terminó (Fernando) De la Rúa? Hubo muertos en protestas sociales en otros gobiernos. Nosotros no podemos hacer eso”.
Desde el Gobierno se mantienen firmes: insisten en que “la manera de sacar a la gente de la pobreza no es con planes” y que la estrategia es generar empleo genuino.
“Hay que pasar a la etapa productiva. Una vez que abrís la puerta no la podés cerrar más: millones de planes nuevos que no resuelven. Ahora es el momento de cerrar la puerta y bancar y que puteen”, se sinceró el funcionario consultado por TN. En el Ejecutivo señalan la necesidad de avanzar con “un monotributo productivo que incluya a los trabajadores de la economía popular”, que aún no fue tratado en el Congreso, y créditos no bancarios para el sector.
Leé también: Un basural en la 9 de Julio: así quedó la avenida tras el multitudinario acampe piquetero
El kirchnerismo duro envía señales y la interna oficialista suma nuevos capítulos
En cuanto a la presencia de Grabois, un funcionario cercano a Alberto Fernández se explayó: “Las interpretaciones pueden ser varias. Puede ser que haya buscado quedar bien con Cristina, que haya querido marcar la cancha, o que se pasó de rosca. Juan siempre siente la injusticia. Sintió que tenía que ir. Es un dato. Hay que considerarlo, no subestimarlo. Pero no parece ser de una trascendencia enorme”.
El líder del Frente Patria Grande, por su parte, había señalado al llegar a la Avenida 9 de Julio: “Vine a apoyar la lucha de los humildes, esté o no de acuerdo ideológicamente con quienes lo organizan. Lo hice durante el macrismo, lo hice durante el gobierno de Cristina y lo voy a seguir haciendo hasta el día que me muera”.
Actualmente, 1,2 millones de personas son beneficiarias del plan Potenciar Trabajo, la iniciativa a través de la cual personas que integran la economía popular reciben la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil ($16.000) a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias. Por estos días se discute una suba del 40% en torno a este valor. De confirmarse, la cifra podría escalar hasta los $23 mil.
TN había revelado en diciembre de 2021 que solo 7000 personas lograron abandonar el Plan Potenciar Trabajo por haber dado el salto a un empleo formal. Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, trazó un escenario más positivo: según ella, esa cifra aumentó a 40 mil.
Lee también: Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, los grandes centros urbanos donde más golpea la pobreza
Sin embargo, las organizaciones sociales sostienen que el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular tiene 2,8 millones de inscriptos -aunque se estima que el sector incluye a más de 4 millones de personas- y la crisis social demanda mucha más asistencia.
Este escenario coincide en parte con lo que plantean desde el kirchnerismo duro. Dirigentes que responden a Cristina Kirchner vienen advirtiendo por lo bajo que la crisis social podría agravarse a mediados de año. En este contexto, las organizaciones sociales prometen nuevas movilizaciones y más medidas de fuerza y acampes.
