El presidente Alberto Fernández adelantó a la Asamblea Legislativa que enviará un proyecto que implica una nueva Ley de Inteligencia. TN pudo saber que el presidente estudia un borrador elaborado por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que remarca la necesidad de “institucionalizar” las reformas implementadas en su gestión que implica la mínima intervención del organismo.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la mano del Poder Judicial, fue una de las principales apuntadas por el Gobierno en relación a su actuación durante la gestión macrista. Para el oficialismo, los agentes dirigidos por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron funcionales al armado de causas contra referentes del kirchnerismo. “Prácticas oscuras”, llamó el Presidente a esas supuestas maniobras en la apertura de sesiones ordinarias.
Fuentes oficiales detallaron que la nueva Ley pretende aportar mayor transparencia a la labor de los agentes. En ese sentido, prevé que las actividades de inteligencia deben provenir de “una Directiva, emitida por la máxima autoridad del organismo que la llevará adelante”. De esta manera, busca evitar cualquier desvío por fuera de la ley, al “contar con un registro sistematizado que permita conocer qué se hizo, quién lo hizo, por orden de quién y con qué objetivo”.
Además, el documento hace hincapíe en que “la información que no represente riesgo alguno debe ser pública” y propone tres categorías de clasificación, en función al grado de afectación que puede hbaer por la divulgación no autorizada: Estrictamente Secreto, Secreto y Resevado”.
Asimismo, busca ratificar el decreto que prohibió a los organismos de inteligencia (la AFI, Intligencia Criminal del Ministerio de Seguriad e Inteligencia Estratégica Militar) participar como auxiliares de Justicia, el mayor control de fondos reservados y la auditoría de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y de la Agencia de Acceso a la Informaicón Pública.
Presenta la creación de un Consejo Interministerial compuesto por Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, como principal novedad.
Al mismo tiempo, al control de la Comisión Bicameral, se sumará la del Poder Judicial, otro aspecto novedoso que puso sobre la mesa la exfiscal para lograr una mayor transparencia en el accionar de los espias y evitar el “forum shooping”, el término que hace referencia a maniobras para elegir un juez con la que los involucrados se sientan más a gusto.
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Por último, Caamaño considera que la nueva ley debe contemplar lo que considera los principios básicos para la producción de inteligencia: “Legalidad, mínima intervención, proporcionalidad, control, transparencia, especialización y perspectiva de género”.
Qué dice el borrador de la nueva Ley de Inteligencia sobre el rol de la AFI
La AFI, según el borrador entregado al Presidente, debe producir inteligencia nacional sobre fenómenos que puedan representar riesgos o amenazas a la seguridad, la defensa, las relaciones exteriores y cuyo origen sea externo. Al mismo tiempo, incluye como ámbito de actuación aquellos escenarios que representen oportunidades para los intereses estratégicos de la nación.
De este modo, “queda prohibida la realización de inteligencia en el territorio nacional, salvo que se corrobore hipótesis de extranjería o para el desarrollo de intereses estratégicos, delimitados explícitamente por el Presidente”. El fin que persigue esta perpetiva es evitar “concentrar funciones en un único organismo”.
“Se apunta a construir una Agencia Federal de Inteligencia especializada, orientada a la producción de información que permita identificar y brindar alertas con la mayor capacidad de anticipación posible para promover la protección de los intereses que pudieran estar afectados”, detalla el escrito.
“El borrador propone institucionalizar la reforma implementada por Alberto Fernández y así quitar definitivamente el rol de auxiliar de justicia y, por ende, de investigación judicial. De esta manera, la AFI debe orientar su producción a la reunión de información y elaboración de inteligencia sobre los lineamientos ordenados por el Presidente y los ejes centrales acordados en el seno del Consejo Interministerial”.
Caamaño propone que “la AFI debe centrarse en la producción de inteligencia de amenazas, riesgos y/u oportunidades del marco internacional”. La interventora pone como ejemplo más claro el terrorismo internacional o su financiamiento.
El borrador de la nueva Ley de Inteligencia que enviará Alberto Fernández al Congreso: los controles
- Control Comisión Bicameral: se mantienen las facultades vigentes.
- Control del Poder Judicial: el juez o jueza federal de turno en CABA debe autorizar (en un lapso determinado) las actividades que pudiesen afectar garantías. El sistema está inspirado en marcos normativos como el de Espapañan, en el que el servicio de administración de Justicia es quien limita, autoriza y controla este tipo de actividades. El borrador aclara que, “dado que se separa la producción de inteligencia de la investigación judicial, estas medidas no se enmarcan en causas en curso, sino en la necesidad de reunir determinada información”.
- Control del Poder Ejecutivo: El Presidente de la Nación es quien aprueba y delimita las facultades de producción de información a través del Plan de Inteligencia. Además, se incorpora de manera explícita en la ley a la SIGEN y a la Agencia de Acceso a la Información Pública. En el caso de la primera, será la encargada de monitorear el trabajo de auditoría interna de los tres organismos de intelingencia. En cuanto a la segunda, debe promover la desclasificación de la información y evitar abusus de clasificación.
El borrador de la nueva Ley de Inteligencia que enviará Alberto Fernández al Congreso: el Consejo Interministerial
El Consejo Interministerial de Inteligencia estaría conformado por los titulares de la AFI (coordinador del Consejo) y de los ministerios de Seguridad, de Defensa y de Relaciones Exteriores de la Nación.
Su función es acordar los ejes centrales de la política de inteligencia, a partir de los lineamientos fijados por el Presidente, además de realizar proyecciones a largo plazo sobre las necesidades de inteligencia y elevar el Plan de Inteligencia al Presidente para su aprobación.
Está previsto que se convoque a otros titulares de ministerios para brindar sus aportes en el diseño de los objetivos de inteligencia.
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