A dos años y seis meses de inicio del debate, el 13 de junio de 2019, el Tribunal Oral Federal 3 tendrá que resolver si condena a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y al extitular de la AFIP en el kirchnerismo Ricardo Echegaray por supuesta defraudación por el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles en la petrolera “Oil Combustibles”.
El juicio comenzó con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.
Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminará de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio.
La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que “Oil Combustibles” adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.
El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.
Los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos emitirán veredicto a las 17.
Las últimas palabras de Cristóbal López
En uso de sus últimas palabras antes de que se conozca el veredicto en la causa, Cristóbal López, accionista del Grupo Indalo, afirmó que “nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto”.
“Ha quedado claro lo que ha pasado en estos seis años así que solo me resta agradecer a mis abogados. Entendemos que el final va a ser un final de justicia que es lo que requerimos desde el primer día. Y pedirle perdón a mis socios, a mis amigos, a los empleados, colaboradores, y obreros de Grupo Indalo que la pasaron muy mal con la incertidumbre de ver cuándo se quedaban sin trabajo, gente que por años no le pudimos actualizar sueldos por la crisis financiera del grupo”, comenzó su exposición.
“Decía que toda esta gente que luchó en cuatro años, la pasó muy mal y me siento responsable de eso porque nada de esto hubiera pasado si yo hubiera acordado con el ex presidente Macri entregar los medios de comunicación para que él y su equipo manejaran a gusto y paciere. Me negué y estas fueron las consecuencias”, remató.
“Yo me la banco pero fueron sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Pero de alguna manera Dios y la justicia va poniendo todo en su lugar. Miro para adelante y como dijo Fabián, déjennos seguir trabajando que lo que sabemos hacer es eso. Trabajar”, concluyó el empresario
Fabián de Sousa, por su parte, se declaró víctima de una “persecución judicial y mediática” a la vez que proclamó su inocencia. “Oil Combustibles era una gran empresa”, expresó De Sousa y agregó que “ninguna de las firmas del Grupo Indalo ocultó un solo peso” y que la primera solo recurrió al procedimiento del artículo 32 de la ley 11.683 al mes medio de no poder cumplir con los pagos.
“Siempre quisimos pagar y siempre pagamos”, remarcó De Sousa.
Las últimas palabras de Ricardo Echegaray
El extitular de la AFIP también negó que se haya cometido delito en el otorgamiento del plan de pago a Oil Combustibles.
“No hubo ningún perjuicio fiscal”, sostuvo Echegaray ante el (TOF 3), al que reclamó un “pronunciamiento absolutorio”, porque -según dijo- se trató de una causa “armada” con “prueba falsa” que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.
Echegaray sostuvo que el plan de pago otorgado a Oil Combustibles fue igual a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante los dos años de juicio -suspendido durante meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo “ninguna prueba” que avalara la acusación.
El pedido del fiscal: 4 años de cárcel
El fiscal Juan García Elorrio pidió condenar a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y dictar penas de cuatro años y cuatro meses para De Sousa y López por los delitos de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, como autor al exfuncionario y en el rol de partícipes necesarios a los empresarios.
Según la acusación, Echegaray concedió desde la AFIP de manera irregular planes especiales de pago a la petrolera entre mayo de 2013 y agosto de 2015.
El dinero que no fue abonado a la AFIP en tiempo y forma se habría usado para “financiar” otras empresas del grupo, según la acusación fiscal.
Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución por inexistencia de delito. En el caso de Echegaray, su abogado Martín Arias Duval afirmó que la concesión de planes de pago como el que tuvo Oil Combustibles respondió a una “política tributaria” que no es judicializable y que no ocasionó “perjuicio al Estado”.
En su alegato final, la defensa de De Sousa a cargo del abogado Carlos Beraldi sostuvo que en el gobierno de Mauricio Macri hubo “interferencias del Poder Ejecutivo” sobre causas judiciales como “Oil Combustibles”, mediante “la existencia de una verdadera asociación ilícita” que, entre otros hechos, “construyó pruebas falsas”.
La defensa mencionó la causa que investiga la existencia de la llamada “mesa judicial” en el macrismo y las escuchas ilegales a teléfonos fijos de la cárcel de Ezeiza cuando estuvieron detenidos López y De Sousa.
