En el marco del juicio por el robo de caños del Gasoducto del Noreste, que fue revelado en un informe de Periodismo para Todos (PPT) en 2016, el fiscal federal Eduardo Villalba ratificó la acusación contra el exintendente de la localidad salteña de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y otros nueve imputados, y solicitó que se los declare culpable.
Tal como sostuvo en su alegato de apertura, Villalba afirmó que los acusados “se robaron los caños”, y que esto pudo ser comprobado tras la investigación desarrollada por las Fiscalías Descentralizadas de Tartagal y de Orán.
En su exposición, el titular de la Unidad Fiscal Federal Salta pidió que se declarase responsable por los hechos a Prado y al titular de la empresa OSYP S.A., Diego Alos, como autores de los delitos de defraudación a la administración pública y robo agravado, por ser cometido en despoblado y en banda, de 228 caños, que se encontraban en los parajes “Tonono” y “El Desemboque”.
Villalba también solicitó que al exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Aguaray, Fredy Marcelo Céspedes, se lo declare culpable como partícipe secundario de defraudación contra la administración pública.
Asimismo, el fiscal consideró que el encargado de la firma Vera S.A., Cristián Buczek, y el titular de la empresa PERTERSER S.R.L. cometieron el delito de robo agravado. Mientras que a los gerentes de la firma MyP Servicios Especiales, Milton Saavedra y Bruno Degoy, los consideró como partícipes necesarios.
El representante del Ministerio Público pidió la declaración de culpabilidad de Adrián Vera, como autor de robo agravado y uso de documento falso. Mientras que al mismo tiempo requirió que al gerente de la empresa COMARFIL S.A., Matías Rossi, se lo declare culpable de encubrimiento real agravado en calidad de autor.
La conexión bonaerense con impacto electoral: un candidato de Juntos, abogado defensor del empresario acusado
Este expediente tiene una implicancia electoral directa en la localidad bonaerense de Quilmes, donde fueron encontrados los caños que se habían robado en el NEA. Es que el abogado defensor de Rossi, el empresario acusado por robo agravado, es Ignacio Chiodo, primer candidato de Juntos por el Cambio a la concejalía de Quilmes.
Chiodo fue funcionario del gobierno de Cambiemos desde 2015 hasta 2019 y, según la acusación, fue el ejecutivo encargado de firmar la aprobación del proyecto en el NEA que está siendo investigado.
El jefe político de Chiodo, el exintendente de Quilmes Martiniano Molina, salió a defender al candidato. “Él trabaja en el estudio Chiodo que es del padre, y como ese trabajo tienen otros. Él es abogado de una de las partes, como tantos abogados que hay”, aclaró.
Molina sostuvo que “la justicia, que está por actuar, es la que debe determinar su hubo o no un ilícito” por parte de los empresarios y funcionarios. “La justicia avanzará como corresponde, nosotros estamos a favor de que la justicia actúe independientemente del poder político y de que la ley se haga cumplir”, aseguró.
Finalmente, Villalba pidió la absolución por el beneficio de la duda para Dante Rodríguez, que llegó a juicio imputado por el delito de robo agravado de 14 caños, hecho cometido el 14 de noviembre de 2019.
Los caños del gasoducto del noreste, el robo que reveló PPT
En 2016, un informe de Periodismo Para Todos (PPT) había revelado el abandono de la obra.
El gasoducto fue concebido para abastecer de gas natural a más de 3,5 millones de personas en Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Su construcción fue anunciada en muchas ocasiones desde 2003 pero permanece inconclusa desde entonces.
Tras detectarse la maniobra, la Fiscalía Descentralizada de Orán imputó a Prado, a su secretario de Hacienda Freddy Marcelo Céspedes y al empresario Diego Alos, titular de la compañía Osypsa, entre otros. El delito por el que fueron acusados tiene una pena de dos a seis años de prisión.
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Cuando se inició el proceso, en una audiencia ante el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya, el fiscal Villalba denunció que los acusados permitieron “la desafectación de bienes que no le son propios”. Además, afirmó que Prado “autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto Nea” que pasan por Aguaray y que los vendió a la mencionada compañía OSYP S.A.
