Elena Highton fue, en 2004, la primera mujer en llegar a la Corte Suprema de Justicia en democracia. En ese momento, tenía 62 años y era miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial y doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Luego de 17 años, la magistrada deja el cargo en medio de una dura interna que atraviesa el máximo tribunal tras la designación de Horacio Rosatti como su presidente, votación a la que Highton no participó al igual que Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti y la ahora exministra habían tejido un acuerdo para que Carlos Rosenkrantz lograra la reelección e impedir que ocupara la titularidad Rosatti, que se votó a sí mismo y logró la presidencia del órgano. Highton era, a diferencia de todos ellos, la única funcionaria de carrera en la Justicia: entró al Poder Judicial en 1973. En 2017, debía jubilarse a los 75 años, pero la exmagistrada presentó un amparo para no hacerlo y el gobierno de Mauricio Macri no objetó la decisión.
La exjueza, que nació en Lomas de Zamora y se recibió de abogada en la UBA a los 23 años, vive cerca del Jardín Botánico, en Palermo y, según publicó revista Noticias, su patrimonio asciende a 3,1 millones de pesos, muy por debajo de los miembros “más ricos” de la Corte (Rosenkrantz: 11,3 millones y Lorenzetti: 9,3 millones).
Su primer nombramiento en la Justicia, como defensora de incapaces y ausentes, fue impulsado por el escritor Arturo Jauretche y fue firmado por el por entonces presidente Juan Domingo Perón. Fue nombrada jueza en 1979 y en 2004, Alberto Fernández, como jefe de Gabinete, la propuso a Néstor Kirchner para ocupar el lugar del destituido Eduardo Moliné O´Connor, en una Corte con aires de renovación. En 2005 llegó a ser vicepresidenta del cuerpo.
Highton -cercana a la exministra de Justicia Marcela Losardo, quien fue ayudante en una de sus cátedras- estuvo presente en el acto en el que el Presidente anunció el proyecto de Reforma Judicial que no prosperó. Es, además, considerada como una de las fundadoras de la mediación judicial (fue una de las impulsoras de Fundación Libra) y fue la creadora de la teoría del “esfuerzo compartido”, utilizado durante el corralito para justificar la pesificación.
Casada con Alberto Nolasco, un médico pediatra con quien tuvo dos hijos, se graduó como abogada, procuradora y escribana en la UBA en 1966, y obtuvo un diploma de Honor. Entre 1969 y 1980 completó tres doctorados en la UBA, con orientación en Relaciones Internacionales y Derecho Civil y realizó cursos en la escuela de Leyes de Harvard y en el Judicial College de Nevada.
Su postulación a la Corte fue impugnada por sectores religiosos por su postura respecto del aborto legal. En un trabajo titulado “La salud, la vida y la muerte, un problema ético-jurídico: el difuso límite entre el daño y el beneficio a la persona”, Highton sostuvo que la irrupción del embarazo no sólo confronta los intereses de la madre con los del embrión sino que también existe un “conflicto propio del derecho del no nacido y no querido”.
Su rol fue determinante para la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, hace más de una década, con el fin de facilitar el acceso a la Justicia de las víctimas y lideró, desde 2010 la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial, un aspecto con el que le respondió a las acusaciones del Gobierno sobre la no aplicación de la Ley Micaela por parte de la Corte. Tal vez, en los años en los que integró el tribunal, emitió su voto más polémico al mostrarse a favor de aplicar el “dos por uno” al represor Luis Muiña.
