La Fundación Led Libertad de Expresión + Democracia hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar limitaciones a la libertad de opinión y afectación de los derechos políticos de los ciudadanos en la República Argentina.
La denuncia del organismo a cargo de Silvana Giudici fue a partir de la demanda judicial presentada por el presidente Alberto Fernández a partir de las declaraciones de la titular del PRO Patricia Bullrich sobre las negociaciones con laboratorios extranjeros para acceder a las distintas vacunas contra el COVID 19. Bullrich habló de un presunto pedido de coimas del Gobierno al laboratorio Pfizer para cerrar un acuerdo de provisión de inmunizaciones contra el COVID-19. En declaraciones a TN Giudici criticó la demanda.
La denuncia de la Fundación Led fue dirigida a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH Tania Reneaum Panszi, al Señor Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisionado Pedro Vaca Villarreal y a la Relatora para la Argentina Comisionada Julissa Mantilla Falcón. Fue elaborada por el abogado Julián Curie y miembros de la Fundación Led Silvana Giudici, Carlos Aguinaga y Denisse Toperberg.
En el escrito se mencionan las fuertes declaraciones y acusaciones del demandante Alberto Fernández y de su abogado Gregorio Dalbon contra Patricia Bullrich. Se reseña el estado de vulnerabilidad que reviste para la libertad de expresión en la Argentina la existencia de estas demandas cuando provienen de las máximas autoridades gubernamentales y van dirigidas hacia quienes opinan en contra de sus decisiones o políticas.
Led consigna en la presentación el reciente fallo en favor del periodista Eduardo Feinmann, denunciado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2018 al acusarlo de difamación por opiniones sobre su gestión anterior. El escrito recuerda además los casos del periodista Gabriel Hernández, condenado a pagar $2 millones por emitir en su programa de radio comentarios de oyentes en contra del gobernador de Formosa Gildo Insfrán. También el caso de Diego Masci, condenado por emitir un video de una ministra del gobierno de San Luis.
La Fundación Led planteó que estos hechos conforman un escenario cada vez más frágil para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, periodistas y/o dirigentes de la oposición. Los abogados de la Fundación consideran necesaria la intervención de la CIDH como forma de establecer una alerta temprana sobre la degradación de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión y opinión, que de ningún modo puede estar afectada ni sujeta a responsabilidades ulteriores, como la multa de $100 millones que pretende cobrar el primer mandatario en su demanda a una de las principales dirigentes de la oposición.
Giudici mencionó en declaraciones a TN que a partir de las declaraciones de la titular del PRO “el Presidente dijo: ‘Bullrich tiene que pagar por lo que dijo’”. La exdiputada aclaró que “es grave, nadie tiene que pagar por eso”. Explicó que la demanda es para que la exministra de Seguridad pague $100 millones y que se trata de una situación que no se había producido nunca en la Argentina.
Citó la presentación que la vicepresidenta hizo contra Feinmann por los “daños y perjuicios” que la funcionaria argumentó que le causaron sus expresiones públicas del periodista, que la calificó de “coimera”, “delincuente común” y manifestó que quería “verla presa”. El fallo de primera instancia fue favorable al periodista.
Giudici habló de “hechos encadenados que muestran un excesivo celo de los gobernantes hacia la crítica”. Consideró que la sociedad “debe tomar nota de estos hechos y ratificar las libertades individuales, sobre todo la libertad de expresión, como un derecho básico de todos los ciudadanos”.
