El 10 de noviembre de 2017 comenzó la usurpación de terrenos públicos y privados en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, llevada a cabo por un grupo de personas que se identificó como integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Eran tierras de Parques Nacionales a la altura del kilómetro 2006 de la ruta nacional 40.
Los usurpadores talaron varios árboles con los cuales construyeron una especie de tranquera y colocaron una gran bandera blanca con una leyenda indicando el nombre con el que el grupo se identificaba. Los ocupantes provocaron daños en los edificios de la escuela de Guardaparques y desabastecieron de energía eléctrica a Villa Mascardi.
Por entonces hubo varias agresiones de jóvenes encapuchados que estaban en la toma, entre otras, al juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado de Bariloche y contra personal de fuerzas federales. Dañaron varios móviles policiales y vehículos del operativo judicial.
Por eso, el juez les atribuyó a los 7 imputados el haber usurpado entre el 10 y 23 de noviembre de 2017 por medio de violencia y amenazas, junto a otras personas, dos predios de Parques Nacionales ubicados en Villa Mascardi. La usurpación originó el conflicto, que derivó en el homicidio del activista Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017. Ese hecho se investiga en otra causa en la que cinco miembros del grupo Albatros de Prefectura están procesados.
A esas primeras ocupaciones, le siguieron otras en terrenos privados de Villa Mascardi como la casa La Cristalina, perteneciente al vecino Diego Frutos. La propiedad fue saqueada y vandalizada con un intento de incendio. En noviembre pasado, en un video se pudo ver cómo fue el momento que encapuchados agredieron a Frutos, durante el corte de la ruta 40 en Villa Mascardi, a tres años del crimen de Rafael Nahuel.
Ese día de protesta, un grupo de integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu cortó el tránsito pidiendo justicia por la muerte de Nahuel. Algunos encapuchados advirtieron la presencia de Frutos, quien venía denunciando varios hechos violentos en la zona como robos y amenazas. Tras los golpes, Frutos fue asistido inicialmente por vecinos y personal policial y trasladado en ambulancia hacia un centro de salud de Bariloche.
En los últimos días, este vecino difundió otro video en el cual muestra como un cable de electricidad está conectado al pilar que lleva el servicio eléctrico a su propiedad. Responsabilizando a los usurpadores, afirmó: “Por acá pasaron, tiraron abajo el cerco los delincuentes encapuchados. Dejaron un balde con piedras, como diciendo ojo con lo que haces”. Evidentemente, nada ha cambiado con el comportamiento de los encapuchados autodenominados mapuches.
Cómo está la causa de la usurpación
En julio de 2021 la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little presentó el requerimiento de elevación a juicio respecto a siete personas de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que están imputadas y procesadas como coautores del delito de usurpación por despojo de dos lotes de Parques Nacionales, en Villa Mascardi.
A diferencia de la Administración de Parques Nacionales (APN), que desistió de seguir adelante como querellante en la causa penal, la fiscal federal de Bariloche quiere llevar a juicio a Martha Luciana Jaramillo, Yéssica Fernanda Bonnefoi, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan y Cristian Germán Colhuan.
Little presentó a finales de junio pasado el requerimiento ante el juez federal subrogante Gustavo Zapata, quien considera que la instrucción está completa. Pero recién trascendió ahora el dictamen de fuentes judiciales. Solo faltan las presentaciones de los defensores de los imputados.
Por otro lado, la Cámara Federal de General Roca concedió a los abogados de la comunidad mapuche Wiritray, Florencia Arietto y Ernesto Saavedra, la posibilidad de ir hasta la Cámara de Casación en su reclamo por ser querellantes en la causa por las usurpaciones en Villa Mascardi. Este pedido fue rechazo en dos ocasiones.
La participación de la abogada que milita en el PRO en este conflicto forma parte de la estrategia de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich de acceder a la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Bariloche.
Al ser consultado sobre esta nueva posibilidad, Saavedra explicó que la Fiscalía Federal “los reconoce como pretensos querellantes”, se les da participación en el expediente y ya fueron citados para una audiencia el 25 de agosto. El abogado barilochense recalcó que la dirigente de Juntos por el Cambio intervino en la causa desde un primer momento.
Los abogados insistieron en la necesidad de constituirse como querellantes pese a que esto ya fue rechazado en primera instancia y por la Cámara de Roca. Uno de los argumentos fue que “del expediente no surgía con claridad el carácter de particularmente ofendido de la Comunidad Wiritray, porque la investigación de autos versaba sobre la presunta usurpación de un predio del Estado Nacional. Y la Administración de Parques Nacionales impulsaba la pesquisa”.
Los abogados consideraron errónea la resolución del juez Gustavo Zapata. “Los usurpadores Colhuan Nahuel –no comunidad- se han asentado en el territorio reclamado por la Comunidad Wiritray”, plantearon. Mencionaron además que la comunidad Wiritray cuenta con el reconocimiento de esas tierras por parte del estado nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales.
Abren otra instancia de diálogo
Este miércoles 25 de agosto se realizará el Foro de Consenso Bariloche. Se trata de una iniciativa de la recientemente conformada Mesa de Consenso Bariloche, espacio multisectorial creado para abordar la temática de las tierras públicas de la ciudad y sus alrededores.
Será el primer encuentro de vecinos, asociaciones, autoridades nacionales, provinciales y municipales, juristas, periodistas y otras organizaciones de la sociedad civil para debatir en un marco de convivencia e intercambio diversos aspectos de una temática de gran relevancia para Bariloche y la región.
El foro comenzará el miércoles 25 de agosto a las 9,30 y se desarrollará durante toda la jornada. Debido a las restricciones propias del COVID-19, tendrá un formato virtual, por lo que podrán inscribirse para presenciarlo vía streaming interesados de todo el país.
El temario girará en torno a los siguientes ejes:
- El caso chileno
- Problemas y realidades a atender
- Impacto a gran escala de las tomas locales
- Perspectiva jurídica actual
- Posibles vías de consenso y solución
Hasta el momento está confirmada la presencia de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el intendente de la ciudad de Bariloche, Gustavo Gennuso, el senador nacional Alberto Weretilneck, el constitucionalista Daniel Sabsay, los precandidatos a diputados Agustín Domingo y Aníbal Tortoriello y Carlos Maizon, vecino de Bariloche.
La Mesa de Consenso Bariloche es un espacio multisectorial de diálogo y de trabajo creado para abordar la temática del otorgamiento de grandes extensiones de tierras de uso público en los alrededores de la ciudad. Sus objetivos son:
- Asegurar la condición jurídica de las tierras públicas de Bariloche para garantizar el libre acceso, uso y goce por parte de la comunidad local y de los turistas.
- Pedir por el libre acceso a la información pública en materia de otorgamiento de tierras.
- Cuidar y proteger el medio ambiente, la convivencia pacífica y el turismo, que es la principal fuente de generación de ingresos y de empleo de la ciudad y de la región.
La mesa está conformada por asociaciones vinculadas al juntas vecinales, al comercio, el turismo, la hotelería, el medioambiente, como: Juntas vecinales de Villa Mascardi, Pájaro Azul, Nahuel Malal, Casa de Piedra y Llao Llao, Asociación Vecinal Villa Catedral, Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Productos de Bariloche, Cámara de Turismo de Bariloche, Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, Sociedad Rural de Bariloche, el Club Los Pehuenes, Club Náutico Lago Moreno, la Asociación Árbol de Pie y AADIDES (Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard).
Preocupa el regreso de Facundo Jones Huala
La abogada Karina Riquelme, defensora del lonco mapuche Facundo Jones Huala, desde diciembre del 2019 han hecho presentaciones para que la justicia chilena otorgue el beneficio de libertad condicional a su representado, pero todas han sido rechazadas. Desde Pu Lof en Resistencia, departamento Cushamen Curramapu, se pide el regreso del líder mapuche y esto trae preocupación en varias localidades patagónicas.
Facundo Jones Huala está condenado a 6 años de presidio por el delito de incendio y a 3 años y un día por porte ilegal de arma de fuego, tras el ataque incendiario en el fundo Pisu Pisué en Río Bueno, ocurrido en 2013. En diciembre de 2018 la justicia lo condenó a 9 años de cárcel.
En una audiencia realizada en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia se condenó a 6 años de prisión por el delito de incendio y 3 años y un día por portación ilegal de arma de fuego, esto en el marco del ataque incendiario en el fundo Pisu Pisué en Río Bueno, hecho ocurrido en 2013.
A mediados del 2018, la justicia argentina concedió la extradición de Jones Huala tras permanecer 4 años prófugo. Por el caso, la Fiscalía había acusado a seis personas, pero cinco fueron enjuiciados. De ellos, cuatro quedaron absueltos y la machi Millaray Huichalaf fue condenada en calidad de cómplice.
* En colaboración con Rodrigo Saliva, corresponsal de TN en San Carlos de Bariloche
