El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y el fiscal ante la Cámara Federal Jorge Iturbe reclamaron que se reabra la investigación parcialmente archivada del “vacunatorio VIP” de dosis contra el coronavirus. Apelaron la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que había archivado parcialmente el caso por considerar que no hubo delito en 65 de los 70 casos inicialmente judicializados. Ahora, a partir del escrito presentado por los fiscales la Cámara Federal queda en condiciones de decidir si la reabre o no.
A diferencia de Capuchetti, la PIA considera que sí hubo delitos y el fiscal Sergio Ródriguez afirmó que “producto de una incorrecta interpretación de la prueba colectada”, la magistrada “arribó a una conclusión errada”.
Además, recordó que el organismo emitió un dictamen donde destacó que en el Hospital Posadas hubo más de 300 “vacunaciones irregulares” de funcionarios, dirigentes, familiares y allegados al poder político que recibieron la Sputnik V en el ministerio de Salud o el hospital Posadas.
La jueza había considerado que esas personas habían recibido “un trato especial” y que era reprochable desde el punto de vista ético, pero no penal, por lo que no había delito para imputarlos.
Para Rodríguez, la “errónea interpretación” de la magistrada generó una “orfandad probatoria reinante en el proceso” que “obturó en forma definitiva” el expediente. Según dijo, la jueza Capuchetti “ha reducido el ámbito de interpretación de las normas aplicables al caso, a si el plan de vacunación establecido por las autoridades nacionales, implica un proceso simultáneo o sucesivo por etapas, respecto de los grupos priorizados”.
Según el fiscal, el exministro de Salud Ginés González García -que tuvo que renunciar ante el escándalo- “habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos o el esquema de etapas establecidos en el Plan de vacunación contra la Covid-19”.
Según Capuchetti, entre los grupos que componen los “prioritarios” (mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas) “no existía ni existe un orden normativo de prelación ya que la Res. MSAL 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea”.
La Procuraduría, por su parte, consideró que es necesario una “correcta interpretación entre las respuestas brindadas por la administración y la normativa (decretos y manuales del vacunador, entre otros) vigente hasta ese momento; y cuáles funcionarios y qué aportes tuvieron en el proceso de inoculaciones irregulares realizado con vacunas asignadas a nación y que estaban destinadas para otras categorías de las utilizadas”, indicó el diario Clarín.
La PIA también indicó que no se tuvo noticias de los correos electrónicos de González García y otros funcionarios como Carla Vizzotti o Lisandro Emilio Bonelli ebtre diciembre de 2020 y febrero de 2021 que se encuentran resguardados en el Ministerio de Salud, “a la espera de que los requiera la Sra. Jueza”.
