La jueza en lo Civil y Comercial, Marta Cirulli, concedió la suspensión provisoria de la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A. luego de que el Grupo Macri presentara un recurso de apelación y nulidad tras lo decretado la semana pasada.
“En atención a lo resuelto el 6.1.2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sobre el efecto que cabe asignar a la apelación deducida contra el decreto de quiebra en esta causa, me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido”, redactó la jueza Cirulli.
Y completó: “Por lo tanto, y en consonancia con el temperamento seguido el 25.3.2010 en materia análoga, concédese en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación formulado en el escrito en despacho (LCQ 273, inciso 4), debiendo elevarse oportunamente al Superior con nota de estilo”.
La jueza había hecho lugar a lo solicitado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien fue acusado por Mauricio Macri a través de una carta pública en la que sostuvo que “el Gobierno buscaba venganza y tenía como objetivo a sus hijos”.
La apelación contó con 17 carillas y fue presentada por el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y por el abogado Jaime Kleidermacher.
Allí, el Grupo Macri cuestionó nuevamente al Procurador del Tesoro de la Nación: “(...) A pocas horas de dictarse la resolución de decreto de quiebra, el representante del Estado Nacional declaró, ante los medios, que el objetivo real de la actitud asumida por tal acreedor en el proceso, ha sido (y es) perseguir una “extensión de quiebra” a las accionistas, demostrando un evidente desinterés en percibir el crédito por parte de la concursada, con fines extra concursales”.
Por otra parte, la empresa sostuvo que “la sentencia de quiebra exhibe insalvables defectos” ante lo cual resulta “innegable la absoluta revisión que merece tal decisión”.
“Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina. Requiérasele asimismo a este último, que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta”, dispuso Cirulli en su resolución.
Ahora será la Cámara en lo Comercial la que considerará si el fallo de la magistrada es confirmado o revocado.
