En tiempo récord y pese a que aún quedan por resolver recusaciones de la propia vicepresidenta, el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 citó a una audiencia pública en la que Cristina Kirchner pedirá la nulidad del juicio oral del pacto con Irán. La cita será este viernes, el mismo día en el que se conmemorará el 27 aniversario del atentado a AMIA.
Aunque el ataque ocurrió el 18 de julio de 1994, el acto se realizará este viernes 16. El anunció sorprendió a las querellas que estimaron que el Tribunal iba a esperar la resolución de las recusaciones y pedidos de nulidades pedidas por el fiscal de casación, Raúl Pleé.
“De conformidad con lo resuelto el pasado 18 de junio en el presente incidente, fíjese audiencia de nulidad para el próximo viernes 16 de julio a las 11.30 horas”, indica la resolución firmada por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado.
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El lunes el TOF 8 rechazó la recusación del fiscal Marcelo Colombo, llamado a intervenir en el juicio por las supuestas irregularidades en la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, en el marco del caso AMIA, indicó Clarín.
Las recusaciones fueron formuladas por las querellas encabezadas por Jorge Knoblovits (DAIA) y los familiares de víctimas del atentado contra la mutual judía Luis Czyzewski y Mario Averbuch, luego de que el fiscal acompañara el planteo de los imputados de realizar una audiencia pública para tratar los planteos de nulidad formulados en el caso.
Todos ellos habían acusado al fiscal de querer boicotear la realización del juicio oral y público contra la vicepresidenta.
“Las querellas recusantes no fundamentaron de qué manera se vio afectada la objetividad que resulta normativamente exigible al señor Representante del Ministerio Público Fiscal en estas actuaciones, y tampoco la aplicación justa de la ley, ello en defensa de los intereses generales de la sociedad”, señalaron los jueces.
Las recusaciones sobre Colombo se realizaron luego de que el fiscal se mostrara a favor de realizar la audiencia para tratar los planteos presentados por las defensas. Los imputados, entre ellos la expresidenta y Andrés Larroque, sostienen que pudieron haber existido irregularidades en la decisión de reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, tomada por los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Según las defensas, los camaristas tomaron esa decisión en diciembre de 2016, año en el que Hornos y Borinsky solían visitar al entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. Recién este año se conocieron esas reuniones.
