La organización Amnistía Internacional (AI) solicitó información al Gobierno nacional sobre la situación de las personas varadas en el exterior del país, con el objetivo de “conocer las consecuencias” del cupo de 600 pasajeros al día impuesto por el Ejecutivo dos semanas atrás.
AI emitió un comunicado este jueves en el que destaca el pedido de información a la Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Cancillería, así como la solicitud de una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro para “dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos”.
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“Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional documenta las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. En la actualidad, la organización está relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades”, destaca el texto.
El comunicado agrega que “el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias”, pero cualquier medida de este tipo debe ser “proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo”.
El pasado 26 de junio el Gobierno dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, para prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de la covid-19 mientras avanza la campaña de vacunación.
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En su pedido de información, AI pidió conocer “cuáles son los criterios sanitarios para la disposición del cipo de seiscientas plazas diarias” así como la “cantidad de personas que fueron afectadas por la imposibilidad de regreso al país” y las medidas dispuestas por las autoridades, tales como asistencia económica, vuelos de repatriación, entre otros.
Según la información oficial, al menos 10.000 personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.
La medida, que podría prorrogarse, fue duramente criticada por el exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
“En un mundo donde hay un proceso más de apertura, dejar varados a 40 mil argentinos es una falta de sentido común y de sensibilidad increíble”, comenzó el ex ministro del Interior y Transporte.
Randazzo remarcó que “está claro que la pandemia es una situación preocupante para todos”, aunque criticó el modo en que se tomó la decisión de restringir a sólo 600 personas el cupo para el ingreso desde el exterior: “¿No sería mejor avisar 15 días antes a alguien que está afuera?”.
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Este lunes, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) acusó al gobierno de Alberto Fernández de “dejar tiradas” por el mundo a 1.400 personas por día.
La entidad advirtió, además, que las empresas del sector podrían “suspender” en forma temporal o definitiva su actividad en la Argentina.
La entidad consideró en un comunicado que con una agenda coordinada con el Gobierno “se podrá traer de vuelta a los miles de pasajeros afectados por las restricciones impuestas el 25 de junio”.
“La programación de vuelos se hace con meses de anticipación y en Argentina hay aprobaciones que han llegado incluso un día antes”, criticó la entidad.