La organización Amnistía Internacional envió una carta dirigida al canciller Felipe Solá en la que pide al país adoptar una postura “clara y contundente” en contra de la violación de derechos humanos en países de la región.
El foco lo colocaron en la decisión del Gobierno de retirar su apoyo a la denuncia que se sustancia en la Corte Penal Internacional sobre los atropellos de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.
En la carta, firmada por Mariela Belski, directora ejecutiva, y Érica Guevara Rosas, directora para las Américas, el organismo consideró “indispensable” que el Estado argentino demuestre un “claro compromiso con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas” de los derechos humanos en ese país.
“Queremos instarle en nombre de Amnistía Internacional, a que el gobierno que usted representa en la esfera internacional, se posicione de manera clara y contundente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido y se siguen cometiendo a diario en Venezuela“, escribieron en la misiva.
“De igual manera, reiteramos nuestro llamado a la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos Estados preocupados por la situación en el país, y le exhortamos a que apoye públicamente la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual, como es de su conocimiento, consiste hoy en una de únicas esperanzas de verdad, justicia y reparación para el pueblo venezolano”, solicitaron.
El Gobierno nacional quitó su apoyo a la demanda contra Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se cometen en aquel país. Solá argumentó la controvertida decisión como consecuencia de la salida del Grupo de Lima.
La demanda ante La Haya había sido interpuesta en 2018 por los gobiernos de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, y la Argentina, entonces dirigida por Mauricio Macri. Solicitaban que se investigara a la administración chavista por la comisión de delitos de lesa humanidad.
La salida del país del Grupo Lima
El retiro de la demanda por parte del Gobierno se dio tras la oficialización de su salida del Grupo Lima, el 24 de marzo de este año su salida del Grupo de Lima. Dicha alianza es una instancia multilateral que se estableció en la capital peruana en 2017 y reúne a una quincena de países de la región (Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) junto a organismos como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, y reclamar la liberación de los presos políticos y elecciones libres.
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Al día siguiente, el 25 de marzo, la embajada argentina en Holanda, a cargo de Mario Oyarzabal, envió una carta a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda en la que confirmaba la remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco.