El Senado debate el proyecto que amplía el alcance de la reducción de las tarifas de gas en las zonas frías, para municipios de distintas provincias del país donde se registran bajas temperaturas en el invierno.
La propuesta para abaratar el gas en zonas frías
La iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados, impulsa una reducción en las tarifas de gas para municipios con bajas temperaturas, a partir del cambio en el artículo 75 del Presupuesto 2021. De sancionarse alcanzará a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.
Determina que los descuentos en los cuadros tarifarios serán de entre 30% y 50%, y que van a variar según la situación de vulnerabilidad de los habitantes de cada hogar. Si el proyecto se convierte en ley los 2,8 millones de usuarios que actualmente abonan la tarifa plena y se incorporarán a partir de la ampliación pagarán una tarifa diferencial con 30% de descuento.
La propuesta además reduce en cerca del 50% las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. También las de pensiones no contributivas y jubilados -hasta cuatro salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
Los otros temas que se trataron en la sesión
Al inicio de la sesión de este jueves, el Senado aprobó la prórroga por el plazo de 60 días de las sesiones virtuales mediante videoconferencia, en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.
Pese al rechazo opositor, el oficialismo también logró sin problemas aprobar el último decreto del Poder Ejecutivo que estableció nuevas medidas sanitarias restrictivas, vigentes hasta este viernes 25 de junio.
Antes del inicio del tratamiento del proyecto de zonas frías, la Cámara alta convirtió en ley el cupo laboral para travestis trans. La norma, que lleva el nombre “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, en honor a las principales impulsoras de propuestas que se traducen en mejores condiciones de vida para los integrantes de esa comunidad, establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de los empleados y empleadas en todas las formas de contratos vigentes.
También determina que se entiende por “personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.
