El Gobierno Nacional completó el camino iniciado en marzo con la salida del Grupo de Lima, y Argentina se retiró de la acusación contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo oficializó la decisión a través de una carta enviada por la embajada argentina en Holanda al organismo con sede en La Haya.
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En 2018, el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, y los gobiernos de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, interpusieron una demanda ante La Haya para que se investigara al gobierno chavista de Venezuela por la comisión de delitos de lesa humanidad.
El gobierno de Alberto Fernández, a través de la Cancillería, confirmó el 24 de marzo de este año su salida del Grupo de Lima.
El Grupo es una instancia multilateral que se estableció en la capital peruana en 2017 y reúne a una quincena de países de la región (Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) junto a organismos como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, y reclamar la liberación de los presos políticos y elecciones libres.
“La República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”, argumentó la cancillería argentina en ese momento.
Según se conoció en las últimas horas, al día siguiente, el 25 de marzo, la embajada argentina en Holanda, a cargo de Mario Oyarzabal, envió una carta a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.
“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, sostiene la carta enviada a Bensouda.
La carta refiere al informe elaborado por un equipo interdisciplinario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en 2019 en el que se recolectó “información y testimonios susceptibles de ser investigados por los órganos internacionales competentes, habida cuenta que determinados casos encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad”.
