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    Más de un centenar de profesores de Derecho de todo el país cuestionaron el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público

    La iniciativa K recibió dictamen y ya puede ser tratada en el recinto de Diputados. El Gobierno nacional apunta a reducir los votos necesarios en el Senado para elegir y remover al jefe de los fiscales.

    21 de mayo 2021, 16:26hs
    (Foto: Télam)
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    Más de un centenar de profesores de Derecho Público de distintas Facultades de Derecho de todo el país cuestionaron el proyecto de reforma del Ministerio Público que fue aprobado por el Senado y actualmente está siendo analizado por la Cámara de Diputados: el oficialismo ya le dio dictamen, pero aún no consigue los votos para llevarlo al recinto. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional apunta a reducir los votos necesarios en el Senado para elegir y remover al jefe de los fiscales.

    // Para desarticular la reforma de la Procuración, Juntos por el Cambio ahora está dispuesto a tratar el pliego de Daniel Rafecas

    “La necesidad de contar con dos tercios de los senadores presentes para conseguir el acuerdo del Senado tiende a lograr que el nombramiento de quien actuará, entre otras funciones, como jefe de los fiscales federales, cuente con la aprobación de más de una fuerza política. Rebajar esa exigencia a la mayoría absoluta de los presentes permite evitar ese consenso y designar a personas sobre la exclusiva base de su filiación partidaria o ideológica”, sostiene el documento publicado con la firma de más de cien profesores de derecho.

    “Si bien la mayoría agravada de la ley no está prevista en la Constitución, su modificación solo contribuirá a socavar la independencia del Procurador General, que es una condición indispensable para cumplir su función, sobre todo cuando se avanza hacia la consolidación de un sistema procesal acusatorio, en el que los fiscales tienen un rol protagónico”, agrega el texto.

    El oficialismo ya emitió dictamen en comisiones del ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. (Captura Diputados TV)
    El oficialismo ya emitió dictamen en comisiones del ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. (Captura Diputados TV)

    Entre los firmantes, incluidos los reconocidos Osvaldo Pérez Sammartino, Ricardo Ramírez Calvo y Daniel Sabsay, hay profesores de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Andrés, Universidad Austral, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Católica de Córdoba y Universidad de Mendoza, entre otras.

    “Nuestro país atraviesa una severa crisis sanitaria, con su correlato de graves deterioros en todos los ámbitos de la vida de los argentinos. Frente a esos desafíos, es imprescindible actuar en forma opuesta a la que surge de este proyecto. Debemos consolidar el Estado de Derecho, que reposa, en última instancia, en la existencia de jueces y fiscales idóneos e independientes que se apeguen a las normas vigentes, en especial a la Constitución Nacional. Sin ellos no tendremos derechos, por más que los enunciemos infinitamente, porque su vigencia efectiva dependerá del poder político de turno”, concluyen los profesores.

    Los principales puntos del proyecto

    Designación: El nombramiento del procurador general se haría con una mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos, en lugar de la mayoría calificada de dos tercios de los presentes (que sería 48 votos si asistieran los 72 senadores) que rige hoy.

    Remoción: Se modifica el artículo 76 de la ley orgánica y se establece que la remoción del procurador “por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones” podrá producirse “por decisión fundada del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros”. También podrá realizarse “a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros”.

    El punto central es que en ambos casos, cuando se inicie el mecanismo de remoción el procurador será “suspendido en el ejercicio del cargo”, aunque si se da el primer procedimiento contemplado “el Senado podrá revocar la suspensión en el plazo máximo de diez (10) hábiles”. La ley actual, en el artículo 76, señala como único mecanismo “el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”, esto es el juicio político, con Diputados como cámara acusadora y el Senado como cámara juzgadora.

    Eduardo Casal. El oficialismo busca remover al actual procurador general interino (Foto: NA)
    Eduardo Casal. El oficialismo busca remover al actual procurador general interino (Foto: NA)

    . Reemplazo: Durante el debate del Senado el 27 de noviembre pasado, el Frente de Todos incorporó un cambio en el proyecto referido a los casos de vacancia en la Procuración General, por el cual se estableció que asumirá el cargo el o la “fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo” elegido por la Comisión Bicameral del Congreso.

    . Duración en el cargo: La ley actual no establece un plazo para el mandato del jefe de los fiscales, por lo que el cargo es considerado “vitalicio”. El proyecto lo acota a cinco años “pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período. También modifica lo dispuesto para un procurador que alcance la edad de 75 años, dado que la normativa vigente establece para esos casos la necesidad de “un nuevo nombramiento” por el término de cinco años, mientras que el proyecto reduce ese plazo a dos años.

    . Tribunal de enjuiciamiento: Actualmente, este cuerpo encargado de evaluar la conducta de los fiscales está integrado por siete miembros y el proyecto eleva ese número a nueve, al tiempo que modifica su composición. La iniciativa establece que se integrará por cinco vocales que serán uno en representación del Poder Ejecutivo; tres en representación del Congreso -integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal- de los cuales dos representarán a la mayoría y uno a la minoría; y un vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.

    A ellos se sumarán dos vocales abogados de la matrícula federal y otros dos vocales deberán ser elegidos por sorteo público entre los fiscales generales con no menos de diez años de antigüedad en el cargo. No obstante, esto podría ser modificado por la Cámara de Diputados a fin de incorporar un vocal en representación del Ministerio Público Fiscal.

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