Algunas de las principales cámaras empresarias del país expresaron este miércoles su preocupación por el avance en el Congreso para la designación del nuevo Procurador General de la Nación que reemplazará a Eduardo Casal.
En este sentido, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresó un comunicado en el que expresa: “El proyecto de modificación de las normas que reglamentan el funcionamiento del Ministerio Público, de aprobarse en el Congreso Nacional, tendría un efecto muy negativo sobre una de las instituciones centrales de la República y, por consiguiente, sobre la marcha de la economía de nuestro país.
El Ministerio Público es un órgano clave en la administración de justicia. Las modificaciones que se proponen debilitan enormemente la independencia del Procurador General y de la actuación de los fiscales, en particular cuando corresponda poner límites a posibles abusos de poder por parte de la autoridad pública.
Las inversiones que se requieren para retomar la senda del crecimiento necesitan de un marco institucional que brinde seguridad jurídica, que garantice que se respetarán las garantías constitucionales y, por ende, que las proteja de eventuales decisiones arbitrarias.
Hacemos un llamado a los representantes de la ciudadanía en el Congreso Nacional para que, en vista a la necesidad urgente de poner de pie al país mediante la producción y la generación de empleo, dejen de lado las propuestas de modificación del funcionamiento del Ministerio Público”.
Por su parte, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifestó su “profunda preocupación por el avance en el Congreso de la Nación del proyecto de Ley presentado por el PEN para modificar las mayorías requeridas para designar al Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales.
El proyecto significa un grave retroceso institucional porque cesa la independencia del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, dejando a los ciudadanos a merced del arbitrio de mayorías circunstanciales en el poder político.
Como hemos sostenido en comunicados anteriores, los empresarios cristianos consideramos que una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias.
En tal sentido, vemos con asombro cómo negociaciones entre bloques parlamentarios a espaldas de la sociedad parecen determinar la suerte de un proyecto de ley, que pone en entredicho la vigencia de las garantías de debido proceso y libertades fundantes de nuestra República.
Pensamos, como nuestros constituyentes, que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción, etc. De ser aprobada por los diputados, esta ley debilitará nuestra justicia y nos llevará un escalón más abajo en la difícil tarea de volver a crecer vía la inversión productiva directa. Porque sin las garantías institucionales necesarias, no hay incentivo posible para la inversión, herramienta fundamental para la construcción de un futuro de desarrollo e inclusión.
Los hombres y mujeres de empresa agrupados en ACDE creemos que no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político; por el contrario, es indispensable concentrar las energías del país en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo”.
