La Justicia suspendió durante seis meses el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 que declaró servicios públicos esenciales y congeló precios de la telefonía celular, telefonía fija, Internet y TV paga. La Cámara Contencioso Administrativo Federal consideró que esa resolución del presidente Alberto Fernández restringía la prestación de esos servicios en condiciones de competencia.
El juzgado planteó que a partir del DNU se modificó la situación jurídica y económica de las empresas de telecomunicaciones. Afirmó que al tratarse de un sector que estaba en competencia se afectaron los ingresos de las compañías y se comprometió la prestación de esos servicios, en especial al existir alternativas para garantizarlos durante la pandemia.
La Cámara Federal dictó una cautelar que había pedido la empresa Telecom que suspende para esa compañía el DNU de las telecomunicaciones, junto a las resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENacom) que aplicaban esta resolución. La Justicia sostuvo que estas disposiciones impusieron “obligaciones a los prestadores de servicios” que “afectan sustancialmente la ecuación económica-financiera tomada en consideración al momento de autorizarse las prestaciones y otorgarse concesiones”.
La Cámara además expresó que no se cumplía con el estándar de “razonabilidad y legitimidad”, la exigencia de ofrecer una Prestación Básica Obligatoria (PBU) a los sectores más vulnerables de la población con tarifas por debajo de las fijadas para los servicios de telefonía, Internet y TV paga.
El Gobierno irá a la Corte por esta decisión
El Enacom se presentará ante la Corte Suprema con el objetivo de tratar de revertir esta cautelar. El organismo expresó en un comunicado: “Enacom interpondrá un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y continuará con sus políticas públicas en la defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias”.
Críticas del sector de telecomunicaciones al DNU
Las empresas del sector criticaron la medida del Presidente. Manifestaron que buscaron alternativas “que lleven alivio a quienes más lo necesitan” y consideraron que “la justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos”. Cuestionaron en un comunicado que “semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)”.
Entre los firmantes de la solicitada están DirecTV, Telecentro, Telefónica, Telecom y Claro, además de otros otros proveedores de Internet. Afirmaron que el decreto los sorprende porque siempre mantuvieron un diálogo de buena fe con todas las autoridades. Cuestionaron en el comunicado que “semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)”.
Mientras que la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones de América Latina (ASIET) expresó su preocupación por la situación de “incertidumbre” para esta actividad en la Argentina. En un comunicado advirtió sobre la falta de un camino sostenible y cuestionó la política regulatoria implementada por el Gobierno.
La entidad manifestó que este panorama representa “una anomalía en la región” y genera inquietud entre operadores, inversores, proveedores, especialistas y usuarios del ecosistema digital. Manifestó: “Un control de precios discrecional para todos los servicios y planes de un sector en competencia no solo hace inviable la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas en un contexto de altísima inflación, sino que es incongruente con los objetivos de alcanzar mayor cobertura, acceso y calidad de servicios”.
