La Corte Suprema de Justicia dilata por estas horas su decisión frente a la disputa entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, a la espera del nuevo decreto que ratificó la suspensión y de una eventual segunda presentación por parte del Gobierno porteño. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por TN.com.ar señalaron que la resolución se emitirá la próxima semana, porque los votos ya están y solo falta redactar la sentencia.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que originó el conflicto vencía este viernes y se preveía que el máximo tribunal del país se expresara antes sobre el tema, pero esto no ha sucedido hasta el momento.
La indefinición se debe a que el nuevo DNU anunciado este viernes por el jefe de Estado todavía no fue publicado y a que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, podría realizar una nueva presentación.
Al tener que referirse a un DNU previo que ya está casi vencido y en medio de la publicación de uno nuevo, la cuestión sobre la que debe resolver la Corte corre el riesgo de quedar en abstracto.
“A los efectos prácticos, el fallo va a ser abstracto. Se emitirá la próxima semana, los votos ya están redactados pero no la sentencia. La Ciudad es autónoma, pero lo que hay que sopesar es hasta dónde llega esa autonomía frente a las facultades federales que tiene el Gobierno nacional”, le reveló este viernes por la noche una fuente judicial a TN.com.ar.
En medio de este escenario el jueves pasado la Procuración General emitió un dictamen no vinculante solicitado por el máximo tribunal, en el que consideró inconstitucional el DNU 241 que suspendió las clases presenciales.
En su resolución el procurador general, Eduardo Casal, evaluó: “Los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”.
El procurador señaló que la orden dictada en el DNU 241 “a la que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen de autonomía de la Ciudad, representa una conducta explícita de la demandada, con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica”.
A su turno, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires respaldó ante la Corte la postura del Gobierno porteño a favor de mantener la presencialidad en las aulas, y apuntó a supuesta “falta de coordinación” entre el Ministerio de Educación nacional y el resto del Gobierno.
En este sentido, recordó “la postura en favor de la continuidad de las clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera educativa, horas antes de que el Presidente de la Nación anunciara en cadena nacional los lineamientos del decreto 241”.
También señaló que en el expediente judicial el Gobierno nacional no presentó informes con la opinión técnica del Ministerio de Educación.
“A nuestro entender esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado”, expresó el escrito de la Procuración porteña.
