ADEPA difundió su informe semestral de Libertad de Prensa en el que hizo un duro análisis sobre la actividad en el marco de la pandemia de coronavirus.
“El clima para el ejercicio de la actividad periodística se ha deteriorado desde que comenzó a extenderse la pandemia en la Argentina. Las crisis siempre impulsan restricciones. En estos días, las autoridades y la ciudadanía debaten sobre la jerarquía, la oportunidad o la magnitud de algunas de ellas. Estas discusiones se dan en todo el mundo. Respecto de la libertad de prensa, algo resulta claro: si esta es cercenada, lo que se debilita es la posibilidad de una resolución coordinada y democrática del desafío sanitario que enfrentamos. De ese modo no podríamos consensuar una salida común; tampoco resolver aquello que no conocemos ni analizamos”, señala el informe de la Comisión de Libertad de Prensa, que fue presentado por su titular, Daniel Dessein, en la 175ª Junta de Directores de la Entidad.
El informe advierte que en este marco, diversos dirigentes de la coalición gobernante intensificaron en los últimos meses la postulación del “lawfare” como tesis que plantea una confabulación de sectores de la prensa y el Poder Judicial con vistas a “fraguar procesos contra referentes del actual oficialismo”.
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Dessein explicó que el episodio más reciente se configuró con una imputación a los medios por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. “Esta entidad, que cuenta con mayoría oficialista, acusa a la prensa de formar parte de «un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa». Y agrega, que en las últimas semanas, parlamentarios ligados al oficialismo presentaron un proyecto en el Parlasur para convertir al “lawfare” en delito y sancionar, eventualmente, a periodistas.
“Tales amenazas que se ciernen sobre el oficio periodístico reciclan una vieja retórica. Pretenden neutralizar, bajo calificaciones inaceptables, la relación entre periodistas y fuentes. Buscan criminalizar la práctica que define el rol estratégico que cumple el periodismo”, previene Adepa en su informe.
Para la entidad representativa de los medios de todo el país, estas iniciativas que se dan en el terreno legislativo nacional o regional tienen su correlato en el terreno judicial. “El acoso judicial fue la figura más repetida entre los casos de presión contra periodistas del último año. El más reciente es el procesamiento contra Daniel Santoro, determinado por el juez Luis Rodríguez. Sin elementos probatorios, el juez asocia, como ocurría en un procesamiento previo impulsado por el juez Alejo Ramos Padilla, las actividades extorsivas de una fuente del periodista con el trabajo de investigación de este último. El efecto inhibitorio de la medida no se circunscribe a Santoro; se extiende a todo aquel que pretenda investigar hechos de corrupción”.
El informe también detalla dos situaciones provinciales que han afectado el clima de libertad de prensa en las provincias. Por un lado, el ataque del 23 de marzo a las instalaciones del diario Río Negro, en el que manifestantes de una facción de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) agredieron a un fotógrafo y un recepcionista, destrozaron el mobiliario y pintaron en las paredes frases intimidatorias contra periodistas del medio.
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Por otro, otro grave capítulo de este período está conformado por los atropellos registrados en Formosa. Se impidió el ingreso de periodistas a la provincia; se restringieron coberturas locales; funcionarios públicos y fuerzas policiales amedrentaron a la prensa; se desconocieron resoluciones judiciales. Un periodista fue herido con balas de goma durante una manifestación y una colega fue detenida arbitrariamente. Un equipo de TN, que reflejó cómo trasladaban de manera forzada a mujeres embarazadas de la comunidad Wichi a centros de aislamiento por Covid, comprobó que se presionó a una de ellas para que declarara que había fingido su embarazo, en un intento de desacreditar el trabajo periodístico.
Pretenden neutralizar, bajo calificaciones inaceptables, la relación entre periodistas y fuentes. Buscan criminalizar la práctica que define el rol estratégico que cumple el periodismo
El informe de ADEPA también se enfoca en el tema de las regulaciones a las grandes plataformas tecnológicas. “Avanzan legislaciones y acuerdos en países como Australia o en los integrantes de la Unión Europea. La reacción que estas plataformas han tenido frente a las mismas generan preocupación en tanto evidencian su posición dominante de mercado”, asevera. En la Argentina, comienzan a explorarse convenios puntuales entre plataformas y medios por contenidos para productos específicos. Es un primer paso, pero solo el primero e insuficiente, de un proceso que recién comienza.
