Una serie de hostigamientos y amenazas rodea cada vez más la investigación por el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven que apareció ahogado tras haber sido detenido por la policía bonaerense en la localidad de Pedro Luro, partido de VIllarino. La investigación se cierra sobre los efectivos sospechados por el hecho y tanto abogados querellantes como testigos de identidad reservada denunciaron haber sido víctimas de llamados telefónicos amenazantes.
Javier, un testigo de identidad reservada, recibió la semana pasada un llamado telefónico en su casa donde amenazaron de muerte a su hijo. Este lunes, se temió lo peor cuando el testigo desapareció durante varias horas, por lo que los fiscales del caso activaron el dispositivo de emergencia y resolvieron darle intervención a Gendarmería Nacional en la búsqueda. A última hora del lunes, Javier apareció sano y salvo a través de contactos telefónicos, primero, y presencialmente, después. Según explicó, se había refugiado por temor a que le pudiera pasar algo tanto a él como a su familia.
No fue el único caso
El episodio no parece casual. Hace pocos días, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin pidieron la reconstrucción del hecho en base a la declaración de testigos de identidad reservada y Javier fue uno de los que vio en la ruta sobre Buratovich a Facundo junto a un patrullero en el que estaba el policía Mario Sosa, uno de los efectivos investigados en el caso.
Ése no es el único caso. Hace unos días, ya por la noche, la mamá de Facundo recibió en su casa la visita de policías en cinco patrulleros. Ante su sorpresa, los efectivos dijeron que habían acudido por el llamado de un vecino, aunque ella nunca pudo determinar quién los había convocado.
Los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, querellantes en el caso, también lo padecieron en persona. El último de ellos en alguna ocasión de ir a hablar con testigos percibió en la cercanía la presencia de policías bonaerenses, que estaban atentos a su movimientos de forma constante.
Todos esos casos están siendo atendidos por la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), que depende del Ministerio Público Fiscal, pero los abogados de Cristina aseguran que los hábeas corpus presentados no tuvieron respuesta por parte de la jueza María Gabriela Marrón, la misma que viene siendo cuestionada por el poco avance en la causa por la muerte de Facundo.
