Luego de la destitución en Tucumán del juez Enrique Pedicone, la ONU alertó sobre la independencia del poder judicial en esa provincia y generó un pedido de informes al Jurado de Enjuiciamiento, la Corte y el Gobierno. El 6 de septiembre del 2020 el ex juez de impugnaciones Enrique Pedicone acusó al juez de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva, por tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público.
Según la denuncia, grabó dos charlas que tuvo el 28 de julio pasado, la primera lo habría hecho desde su propio despacho en un primer contacto y luego en un bar de la capital tucumana. Posteriormente ambas grabaciones fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos. Leiva le habría pedido al camarista que “regulara la intensidad” del manejo de un expediente de una causa a Ricardo Bussi, líder del bloque de Fuerza Republicana en la Legislatura local.
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Este complejo proceso que implicó denuncias cruzadas para ambos magistrados, terminó con la decisión, en un trámite polémico y veloz de parte del jurado de enjuiciamiento que respondería al vicegobernador Osvaldo Jaldo, de destituir al ahora ex juez de impugnaciones, lo que generó de parte de Pedicone y sus abogados defensores cuestionamientos a la independencia del sistema judicial tucumano y la atención de parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que por tercera vez en dos años hace un pedido de informe a la provincia.
Este, sin embargo, es la primera vez que la ONU expresa su preocupación por las condiciones de imparcialidad que habría en la Justicia tucumana. Michelle Bachelet, busca echar luz sobre la denuncia de Enrique Pedicone, destituido el 17 de febrero último.
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Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la Independencia de los Magistrados y Abogados, expresó en el comunicado enviado el 24 de febrero al ministro de Exteriores de la Nación, Felipe Solá: “Quisiera llamar la atención urgente de su Gobierno sobre la información que he recibido en relación con el proceso de destitución del juez Pedicone, que se alega fue iniciado por no resolver diversos casos de acuerdo a las instrucciones recibidas por un alto funcionario de la Corte Suprema” y añade: “Sin perjuicio de la veracidad de las alegaciones recibidas, quisiera expresar mi profunda preocupación por la expulsión de Pedicone supuestamente por no resolver diversos asuntos de conformidad con las presiones e intromisiones del vocal de la Corte, y por denunciar dichas interferencias en el ejercicio de su actividad jurisdiccional”.
El comunicado al ministro y jefe de la diplomacia nacional hace hincapié en que “si resultara cierta la alegación, habría una clara violación al principio de independencia judicial según el cual los jueces deben resolver los asuntos con imparcialidad, basados en hechos y en consonancia con el derecho; sin restricción alguna, y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo”.
Hace una semana el presidente Alberto Fernández cargó duro contra la justicia, propuso una batería de medidas y una comisión para monitorear a jueces y fiscales. Tucumán no se queda atrás ya que al Gobernador Juan Manzur, un aliado estratégico del presidente, ahora está en la mira internacional con el pedido de Naciones Unidas. Este pedido de explicaciones, en referencia a que un juez realiza una grave denuncia por supuesta presión de parte del Poder Ejecutivo a la justicia provincial, obliga a una respuesta inmediata y convincente.
