Alberto Fernández encabezó el lunes la apertura del año legislativo con un encendido discurso en el que adelantó la presentación de una “querella criminal” por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno Mauricio Macri. Sin embargo, la Justicia federal lo investiga desde hace dos años a partir de denuncias formuladas por funcionarios y dirigentes vinculados, en su mayoría, con la actual gestión.
“He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, dijo el Presidente ante la Asamblea Legislativa.
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Amén del anuncio de Fernández, existe un grueso expediente en manos del fiscal Franco Picardi y de la jueza María Eugenia Capuchetti, que solicitaron una serie de informes al Ministerio de Economía y la Auditoría General de la Nación, según informaron fuentes judiciales a TN.com.ar.
Son al menos ocho denuncias contra el expresidente, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y otros funcionarios de Juntos por el Cambio, acusados de beneficiarse con una serie de acuerdos que permitieron a la Argentina recibir préstamos por 44.000 millones de dólares.
En su último dictamen, Picardi dejó constancia que la causa investiga si a partir del préstamo otorgado por el FMI “se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos que agravó notablemente una matriz de endeudamiento externo ya iniciada con anterioridad, permitiendo de este modo que perviva un proceso sostenido de formación de activos externos que, en caso contrario, hubiera sido imposible de continuar tal como se venía llevando adelante”.
Uno de los primeros en realizar una presentación fue el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, que señaló que “durante la primera etapa del gobierno de Macri, entre 2016 y 2018, la especulación financiera y la fuga de capitales se tomó sobre la base de la toma de deuda con capitales privados. Cuando los capitales dejaron de financiar a la Argentina, la Argentina recurrió al Fondo, que siguió financiando a la Argentina para que siguieran saliendo capitales privados”.
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Según Lozano, el Gobierno debería extender la demanda al FMI. “Deberíamos llevar a Naciones Unidas lo que el Fondo hizo. Porque acá hay dos responsables: el Gobierno de Macri y el Fondo. De la misma manera que esto va en contra de la jurisprudencia argentina, de la legalidad y la Constitución, el Fondo violó todas sus misiones, funciones y el estatuto del propio organismo para darle a la Argentina un crédito en absoluta condición de irregularidad, con una magnitud y con vencimientos claramente inafrontables”, amplió el funcionario.
A partir del expediente, Picardi y Capuchetti buscan saber si durante el macrismo se habría iniciado “un nuevo ciclo de endeudamiento destinado no a los fines declamados formalmente en los documentos suscriptos con el FMI, sino primordialmente a obtener divisas para su posterior fuga, en perjuicio de las arcas públicas”.
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A su vez, investigan si “los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”.
Pero la investigación no se limitaría a Macri y sus funcionarios. Según consta el expediente, “se deberá averiguar si los funcionarios del BCRA actuaron en contraposición a los mandatos planteados en dicha Carta Orgánica, así como si Christine Lagarde y David Lipton (gerente interino tras la nominación de Lagarde como gerenta del Banco Central Europeo) actuaron en contraposición a las normativas del FMI en el marco de un acuerdo con funcionarios públicos argentinos”, como aseguró Lozano.
Sin embargo, y en plenas negociaciones con el organismo, Alberto Fernández aclaró que “no tengo intención de enjuiciar a los funcionarios del Fondo, y además no hay competencia legal. Mi intención es probar que hubo irregularidades en la toma del crédito y un uso indebido de los 44.000 millones de dólares que nos llegaron por stand-by. Nada más”.
