El titular de la Asociación de Fiscales nacionales Carlos Rívolo cuestionó este martes la reforma del Ministerio Público que impulsa el presidente Alberto Fernández al asegurar que “en términos de tribunal de enjuiciamiento, para los fiscales se transforma en un pelotón de fusilamiento”.
Las palabras de Rívolo son una fuerte reacción a las críticas de Alberto Fernández, que durante la apertura de sesiones ordinarias habló de que la Justicia “vive a los márgenes del sistema republicano”, lanzó duros cuestionamientos hacia su funcionamiento e insistió en que la Cámara de Diputados apruebe la ley de reforma del Ministerio Público.
“La ley de reforma que se impulsa fue criticada, no es una reforma. En términos de tribunal de enjuiciamiento para los fiscales se transforma en un pelotón de fusilamiento porque es invadida completamente por la política. La justicia necesita una reforma, pero no una reforma coyuntural”, aseguró en diálogo con radio Mitre. La misma frase luego la repitió en una entrevista con TN.
“Si estas leyes prosperan quedan un Ministerio Público Fiscal endeble, en donde investigar causas de corrupción va a ser imposible”, agregó.
El proyecto del kirchnerismo para reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal flexibiliza el mecanismo para designar al Procurador General de la Nación. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y falta su aprobación en Diputados. Buena parte de la Justicia cree que la iniciativa del Gobierno busca correr de su puesto al actual procurador interino Eduardo Casal, jefe de los fiscales, y limitar el poder de quien lo reemplace.
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“La Justicia necesita una reforma pero no coyuntural”, continuó Rívolo, que inmediatamente después se preguntó: “¿Queremos procesos más rápidos y vamos a crear un tribunal de Garantías Constitucionales?”. El fiscal se refería a la idea de Alberto Fernández de crear un tribunal que limitará el poder de la Corte Suprema y que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad. Solo se podrá llegar a él a través de un recurso extraordinario.
“De ese modo la Corte Suprema de Justicia podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitucional Nacional expresamente le ha dado”, afirmó el jefe de Estado. Para Rívolo, el Gobierno “no le puede quitar la competencia” al máximo tribunal y habló de proyectos que comienzan a entrar en conflicto con la Constitucional Nacional.
En caso de concretarse, el Tribunal Federal de Garantías se encontraría por debajo de la Corte e intervendría en expedientes antes de que estos lleguen a manos de los cinco miembros del máximo órgano de Justicia. En otras palabras, la Corte solo intervendrá cuando se plantea la inconstitucionalidad de alguna norma, mientras que el tribunal federal de Garantías lo hará en los restantes aspectos, como la apelación por condenas penales.
Por otra parte, Fernández anticipó un proyecto para reglamentar el recurso extraordinario ante la Corte y establecer cuáles son las competencias del máximo tribunal “en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias”. Propuso determinar la “arbitrariedad” de las sentencias “para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.
“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, sostuvo el mandatario a lo largo de su discurso.
El discurso del Presidente se alinea con la postura de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, que enfrenta diversas causas de corrupción que tramitan en Comodoro Py.
