Por orden de la Justicia civil de Mendoza le quitaron bienes al exintendente de Guaymallén Luis Lobos, condenado por enriquecimiento ilícito. Recibió una pena de cuatro años y medio de prisión, mientras que su pareja Claudia Verónica Sgro fue condenada a tres años y medio de cárcel. Aunque el exjefe comunal no tiene sentencia firme le aplicaron la extinción de dominio en un caso de corrupción.
La magistrada María Paz Gallardo ordenó que esos inmuebles pasen al Estado provincial, que los pondrá en remate y destinará los fondos a la reparación y reconstrucción de escuelas. Según las pruebas de la causa, Lobos tenía en 2009 ingresos por $2800 en su actividad independiente y en 2014 $52.000 por su cargo de intendente. Una pericia contable demostró que no pudo justificar $3.923.099 y su pareja, $1.018.837.
// Impulsan "subastas inmediatas" con los bienes recuperados del narcotráfico y de la corrupción
La jueza tuvo en consideración que el matrimonio tuvo “ingresos como funcionarios de la Municipalidad durante un lapso importante de tiempo (desde el 2000 al 2015 Sgro y desde el 2003 al 2015 Lobos). El fallo determinó que no cumplieron con “la carga procesal impuesta de acreditar el origen licito de los inmuebles”, al ordenar la restitución de los bienes al Estado provincial.
Gallardo aclaró que Lobos y Sgro pudieron justificar la compra de sus automóviles Sostuvo en el fallo que “se trata de vehículos que si bien son de gama media-alta no resultan suntuosos”, y consideró que “pueden perfectamente haber sido adquiridos por los demandados con sus ingresos formales”. Se trata de un Peugeot 308, un Volkswagen Amarok 2.0 y un cuatriciclo Can-Am.
El subsecretario de Justicia de Mendoza Marcelo D’Agostino dijo en diálogo con TN que están “muy satisfechos” con la decisión de la Justicia. Destacó que no hayan tenido que “esperar a que termine el proceso penal para el decomiso de bienes” en esta causa por corrupción y recordó que a nivel nacional “son muy pocos los casos que llegan a juicio y tienen sentencia en tiempos oportunos”. Cuestionó que en estos casos “los condenados sin sentencia firma siguen usufructuando los bienes, que pueden vender o reinvertir”.
Aclaró que en el caso de Lobos y su esposa hubo un “proceso paralelo, civil” en el que el matrimonio no pudo justificar los ingresos con los que compró los inmuebles que le fueron quitados. Explicó que “en el ámbito del Ministerio de Hacienda, esos bienes se rematan en una subasta pública y los fondos que se obtengan pasan a la Tesorería General con un único destino, la reparación y reconstrucción de escuelas”. Dijo que este proceso llevó un año y que esperan que en los próximos meses se haya concretado el remate.
