Luego de que se hiciera público el hacinamiento y las condiciones inhumanas en los centros de aislamiento sobre coronavirus en Formosa, la organización Amnistía Internacional le envió una carta al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en la cual le expresó su preocupación por las denuncias sobre el tema y pidió que “condene las violaciones a los derechos humanos”.
En su texto, el organismo aseguró haber recibido numerosas denuncias por “las graves condiciones en las cuales las personas son alojadas en los Centros de Atención Sanitaria (CAS)” de la provincia de Formosa.
Entre ellas se encuentran “personas que sufrieron el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que por sus condiciones las expusieron al contagio; del aislamiento durando incluso hasta 30 días; la falta de acceso a los resultados de sus testeos de Covid-19 e información precisa sobre su situación de salud”.
Además, la entidad con sede en Londres dijo que recibió quejas por “la custodia por personal policial las 24 horas, siendo la presencia de personal de salud esporádica; el hacinamiento; la falta de higiene; la falta de ventilación; la provisión escasa de alimentación de mala calidad; la utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas; y la inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad”.
Por todo esto, AI le exigió a la secretaría a cargo de Pietragalla “una respuesta a la altura de las denuncias recibidas”. Además considera que, si bien “no puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención”, el contexto actual “exige poner a las personas en el centro de la protección y defensa de sus derechos humanos”.
La misiva agrega que “por su naturaleza involuntaria y los mecanismos a través de los cuales se ha implementado, la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria”.
Para el organismo liderado por Sarah Beamish, “una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de Gobierno”.
Amnistía Internacional añade en su documento que “la grave afectación del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno demandan su intervención de forma urgente”.
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Finalmente, el organismo le solicita a Pietragalla que “no convalide una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario y, en consecuencia, a violaciones a sus derechos”.
