El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que recibió ayer dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, empieza a ser debatido hoy en el recinto, en una maratónica sesión que se extendería hasta el viernes. Mientras, en las inmediaciones del Congreso, se congregan manifestantes a favor y en contra de la aprobación de la norma. El Plan de los 1000 Días también consiguió el visto bueno de los legisladores de la Cámara baja.
Un plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin al frente- y Mujeres -por Mónica Macha- aprobó el dictamen, que obtuvo 77 firmas a favor, mientras el despacho que rechaza la interrupción voluntaria del embarazo consiguió 30. Además, cuatro legisladores se abstuvieron.
El proyecto establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Tal como se esperaba, se realizaron modificaciones de último momento en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
El principal cambio que se realizó es la incorporación de la objeción de conciencia institucional para profesionales de centros médicos privados. A su vez, el proyecto establece la obligatoriedad de garantizar la derivación de la paciente a una dependencia sanitaria pública.
El escrito aclara que, en caso de que el centro de salud no cuente con profesionales que realicen la práctica, deberá “prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante consultó”. Además, determina que “las gestiones y costos asociados al traslado de la paciente” quedan a cargo del profesional que lo solicitó.
También especifica que el personal de salud “no podrá negarse a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro” y establece que el profesional médico no podrá objetar conciencia para negarse a prestar atención posaborto.
La otra modificación que se introdujo es la obligatoriedad de que las adolescentes de entre 13 y 16 años que soliciten la interrupción del embarazo “tengan un acompañante o referente afectivo”.
En cuanto a este punto, el texto indica: “Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento”. En tanto, en el caso de las menores de 16 años, “se requerirá su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial”.
Agencia Télam
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