Tras la media sanción que el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal obtuvo el viernes pasado en el Senado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio consideró que se trata de “un atentado contra la independencia del Poder Judicial y una total intromisión del poder político que no va a permitir”.
Asimismo, la principal fuerza opositora afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para que esta reforma no se apruebe en la Cámara de Diputados y le pidió a las fuerzas que no son oficialistas que “no sean cómplices de la destrucción de la independencia del Poder Judicial”.
El comunicado se suma legisladores de Juntos por el Cambio emitieron durante la noche del viernes pasado, minutos después de que la iniciativa oficialista recibiera luz verde en la cámara alta.
En aquel texto, titulado “Nuevo avance del kirchnerismo sobre la Justicia”, el espacio opositor afirmó que la iniciativa “elimina la independencia y autonomía funcional” del Ministerio Público Fiscal. Además, sostuvo que “en los hechos” lo transforma en “una extensión del Poder Ejecutivo”.
De acuerdo con texto, que fue firmado por Juan Carlos Romero, jefe de la bancada de Parlamentario Federal, su par de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff, y el titular del PRO en la cámara alta Humberto Schiavoni, la reforma impedirá que el órgano judicial cumpla con la sus funciones de control de la legalidad de las leyes y decretos.
Asimismo, Juntos por el Cambio denunció: “Más grave aún, será la injerencia indebida que impedirá que los fiscales puedan investigar libremente en aquellos casos vinculados al poder, como en las causas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, ya que el presente proyecto modifica el sistema de remoción”.
El proyecto de ley implica que la designación del procurador se realice con una mayoría simple del Senado, es decir 37 votos sobre los 72 que integran la Cámara alta, en lugar de los 48 -dos tercios de los presentes- que se requieren actualmente y a los que el oficialismo no llegaba sin un acuerdo con la oposición.
El oficialismo argumenta que una de las razones para modificar esa mayoría es que el proyecto elimina el mandato vitalicio que hoy tiene ese cargo -punto en el que coincide la oposición- y lo acota al término de cinco años, con una única renovación. En tanto, la mayoría agravada de dos tercios sí se mantiene para el caso de la remoción del Procurador, cuyo trámite debe iniciar en la Cámara de Diputados.
Críticas de los fiscales
El domingo pasado, el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, cuestionó el proyecto del kirchnerismo para reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, el cual flexibiliza el mecanismo para designar al Procurador General de la Nación.
Al respecto, Rívolo consideró que la iniciativa propone una “muy fuerte injerencia” del poder político sobre la Justicia, y afirmó que, de ser aprobada en Diputados, “va a haber muchos planteos judiciales”.
En diálogo con FM Milenium, el fiscal criticó el debate que precedió a la media sanción del proyecto en la Cámara alta, al sostener que no tuvo en cuenta las discusiones que se dieron en las sesiones de comisión.
“No hubo una escucha a todo el abanico (de expositores). Con lo cual, entiendo que ahora el Presidente lo pondrá en sesiones extraordinarias y los diputados discutirán -imagino- un poco más concienzudamente esta cuestión. Porque si se trata de reducir -como no tenemos procurador hace tres años- los requisitos, es relajar a la institución muchísimo y a la Argentina en términos institucionales”, remarcó.
De esta forma, el presidente de la Asociación de Fiscales dijo que, en función del conjunto de normas enviadas al Congreso para reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, “hay una injerencia muy fuerte del poder político dentro de la institución, pues participa de una manera que antes no lo hacía, por ejemplo, en el Tribunal de Enjuiciamiento”.
Ante este escenario, anticipó: “Si esto atraviesa Diputados de esta manera, va a haber muchos planteos judiciales respecto de lo que sería en el futuro esta ley, porque se apelaría la inconstitucionalidad sobre la independencia y la autonomía del Ministerio Público Fiscal en los términos en que está concebida”.
