La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos- rechazó este miércoles un pedido de nulidad de la causa vialidad por la que es investigada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Cámara avaló así el fallo del juez Leopoldo Bruglia, uno de los magistrados que -junto a Pablo Bertuzzi y Germán Castelli- fue desplazados de sus cargos por el Senado, por considerar que no se había cumplido con todos los pasos formales al designar sus traslados durante el Gobierno de Mauricio Macri. Hace unas semanas, la Corte Suprema de Justicia los confirmó en sus cargos de manera provisoria hasta que se nombren sus reemplazos.
El pedido de nulidad había sido presentado por Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2004 y 2007 y uno de los imputados en la causa vialidad que investiga presuntas maniobras de corrupción en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El fallo de Casación cita un párrafo de la decisión de la Corte Suprema cuando confirmó a los jueces en sus cargos. “La autoridad institucional de este fallo no privará de validez a los actos procesales cumplidos por los jueces trasladados hasta el momento de la designación definitiva de los magistrados titulares de esos cargos”, refiere el fallo.
En el juicio están siendo juzgados Cristina Kirchner y otros 15 implicados por fraude a raíz de la gran cantidad de obra pública vial que se le otorgó a Lázaro Báez. Se trató de una “organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional” de la obra pública, según sostuvieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el auto de elevación a juicio.
Cristina, los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros acusados, son juzgados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez en el kirchnerismo. Según la acusación, se trata de 52 obras adjudicadas a “Austral Construcciones”, del grupo Báez y firmas vinculadas en Santa Cruz, muchas de las cuales no llegaron a concluirse y en otras hubo sobreprecio, según la acusación.
La exmandataria llegó al juicio procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2004 y 2015 por $ 46 mil millones a favor del empresario Lázaro Báez, otro de los que serán juzgados. En su descargo a través de las redes sociales, se desligó de las acusaciones.
