El exintendente de la localidad salteña de Aguaray Jorge Enrique Prado fue detenido este martes por la noche en una causa que investiga el millonario robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA), la cual había derivado en la intervención del municipio que estaba a su cargo.
El caso había sido denunciado en la emisión del pasado domingo 2 de agosto de Periodismo para Todos (PPT), que es conducido por Jorge Lanata y se emite por El Trece.
Fuentes del Ministerio Público Federal de Salta proporcionaron la información y detallaron que la detención fue ordenada por el juez federal de Orán Gustavo Montoya, tras un pedido del fiscal federal Eduardo Villalba.
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Horas antes, el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, había decidido no hacer lugar a un requerimiento del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, para la captura y detención del exjefe comunal en otra causa en su contra por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los voceros detallaron que la fiscalía federal amplió el objeto de la investigación en contra de Prado, del exsecretario de Hacienda de Aguaray, Fredy Céspedes; y del empresario mendocino Diego Alos.
En ese planteo el fiscal fue contundente respecto a las pruebas reunidas en contra de los acusados, entre las cuales destacó la declaración de un “imputado colaborador”, informes de pericias y otras testimoniales.
Por estas nuevas pruebas presentadas, Villalba ratificó la acusación en contra de Prado, Céspedes y Alos por los delitos de robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.
Asimismo, adelantó faltan otras medidas probatorias, razón por la cual solicitó la prisión preventiva de Prado con el objetivo de evitar que el acusado entorpezca las pesquisas pendientes.
A ello Villalba le sumó el hecho de que existen probabilidades de que, llegado al fin del proceso, Prado reciba una pena de prisión efectiva.
Las fuentes precisaron que la detención de Prado se concretó esta noche en un edificio del macrocentro de la ciudad de Salta por parte de agentes de Gendarmería Nacional.
El ahora exintendente de Aguaray, su exsecretario de Hacienda y cuatro empresarios son algunos de los diez acusados por tres fiscales federales que tomaron parte en la investigación por el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA.
Lo cambiaron por un interventor
Prado cesó en sus funciones tras la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio, que fue sancionada por la Legislatura el 15 de octubre pasado, mientras que el 19 de octubre asumió Adrián Zigarán como interventor designado por el gobierno de Salta.
El fiscal provincial lo imputó el 6 de noviembre por malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, y pidió su captura y detención, lo que fue denegado este martes por el juez de Garantías de Tartagal.
Esta investigación de la justicia provincial, que se suma a la que la justicia federal inició por el gasoducto, comenzó de oficio a partir de las declaraciones públicas de Zigarán referidas al déficit y endeudamiento generado en ese ámbito por el exintendente.
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Para imputar a Prado, el fiscal Cazón tuvo en cuenta publicaciones de medios de comunicación en las que Zigarán informó que el exjefe comunal recibió en diciembre de 2019 un municipio saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio por $ 7.900.000.
Diez meses después, y al ser intervenido, el déficit es de 19 millones de pesos, sin que se hayan determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos que vencerán en los próximos meses, explicó Zigarán, quien hizo referencia a gastos de combustible y deudas salariales.
