El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y autoridades parlamentarias recibieron el miércoles a Luz Aimé Díaz, la primera trabajadora en ingresar al Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para personas Travestis y Trans de ese cuerpo legislativo. Se trata de una joven salteña que pasó dos años presa por un crimen que no cometió y, tras un largo proceso en el que contó con el apoyo de más de 40 organizaciones de derechos humanos, fue absuelta. Ahora formará parte del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos.
En el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, Massa encabezó el encuentro junto a los secretarios Rodrigo Rodríguez, Juan Manuel Cheppi y Eduardo Cergnul. Además, estuvieron presentes las diputadas Mónica Macha (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidades; Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque Frente de Todos y Cristina Álvarez Rodríguez, secretaria Parlamentaria de esa bancada.
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El ingreso de Luz Aimé se produce en el marco de la resolución presidencial 1098/20 del pasado 26 de agosto, que crea un Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para las Personas Travestis y Trans. El objetivo es "contribuir a garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna a quienes padecen la mayor vulnerabilidad social; con la expectativa de vida más baja y la tasa de desempleo y la falta de acceso al trabajo registrado más alta”.
“Cada paso que damos en inclusión es una barrera más que rompemos contra la discriminación. Tenemos que hacer valer el poder del Congreso para evitar las injusticias producto de la discriminación”, afirmó Massa durante el acto de bienvenida.
Desde el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, donde estudió la joven, emitieron un comunicado en el que celebraron la decisión y aseguraron que su incorporación al cuerpo legislativo es “un acto pionero de reparación histórica”. “A pesar de la ampliación de derechos que se lleva adelante desde el Congreso, la violencia hacia el colectivo travesti y trans recrudece”, denunciaron. “El Programa implica el reconocimiento del ‘travesticidio social’ y entiende al Estado como actor fundamental para posibilitar una igualdad real, garantizando el fin de la violencia institucional que sufren estas personas”, agregaron.
La historia de la primera trabajadora del Programa de Empleo Trans
Luz Aimé Díaz es una joven salteña de 24 años que pasó dos años presa por tentativa de homicidio, un delito que no cometió. Comenzó a ejercer la prostitución a los 13 años en las rutas de su provincia y llegó a Buenos Aires en busca de un futuro mejor, pero tuvo que sobrevivir de la misma forma.
El episodio que derivó en la detención de Díaz ocurrió el 23 de junio de 2018, cuando dos hombres la llevaron a un departamento donde “la luz del comedor estaba apagada”, por lo que ella pasó directamente a la habitación. La acusaron porque esa persona apareció golpeada e inconsciente tres días después. La principal prueba utilizada por la investigación para inculparla fue un video donde se la ve ingresar al edificio en compañía de dos hombres sobre los que nunca supo los nombres ni recuerda los rostros porque “eran clientes pasajeros”.
Luz es casi ciega: perdió la visión de un ojo y el 25% del otro a los 13 años cuando, según contó, un camionero borracho le pegó “porque no quería pagar el servicio”. A fines de 2017, se mudó de su ciudad natal a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades y la posibilidad de “hacer la secundaria y estudiar una carrera”.
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Por eso, había empezado a estudiar en el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, mientras seguía ejerciendo el trabajo sexual los fines de semana en la calle Godoy Cruz, en Palermo. Fue en ese lugar donde la detuvieron en agosto de 2018.
Desde entonces, estuvo detenida con prisión preventiva. Los primeros ocho meses los pasó en el Complejo de Ezeiza y, desde abril del 2019, con arresto domiciliario. A principios de octubre, después de un proceso que llevó dos años, el tribunal N° 8 ordenó su absolución, liberación y el retiro del dispositivo electrónico. Para el Bachillerato Mocha Celis, la joven “es bandera de lucha y defensa de los derechos humanos de las personas travestis y trans” y su incorporación al Programa de la Cámara baja es “una reparación para todo el colectivo”.
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