Pasadas las 9, este miércoles se realizó en Paraná la audiencia que podría poner fin al conflicto que la familia Etchevehere mantiene en torno a la estancia Casa Nueva, en Entre Ríos. La Justicia se pronunciará este jueves a las 10 en relación al pedido de desalojo del campo hecho por Leonor Barbero y sus tres hijos varones, Luis Emilio, Sebastián y Juan Diego.
Durante el encuentro, al que asistieron el abogado de Dolores Etchevehere, fue aceptada la documentación sobre la cesión de sus acciones de Las Margaritas S.A que se presentó en la causa penal por el desalojo. El letrado aseguró que Dolores estuvo “bajo extorsión”, perpetuada por sus hermanos durante años.
// La Justicia define si desaloja o no el campo del conflicto entre los Etchevehere
La Cámara en lo Penal de Paraná citó a las partes al encuentro que se transmitió en vivo por una plataforma digital. Luego la jueza María Carolina Castagno, quedó en condiciones de expedirse sobre el pedido impulsado por tres de los hermanos Etchevehere y la Fiscalía. Al finalizar la audiencia se supo que la definición se conocerá este jueves.
Al tiempo en que iniciaba la audiencia en los Tribunales de calle Laprida al 200, en el ingreso a la ciudad desde Santa Fe, se desarrolla una manifestación de productores rurales, al igual que en el exterior del campo.
“Entendemos la toma como ilegítima e ilegal”, señaló el fiscal Oscar Sobko durante su discurso. Además, indicó que las personas encargadas de realizar la siembra en el establecimiento “no pudieron ingresar por miedo” ante la toma. En ese sentido, habló de una forma de “violencia” de parte de Dolores y las personas que la acompañan en el interior de la estancia.
Sobko pidió “reafirmar la vigencia de la Constitución Nacional” y “recuperar u obtener la paz perdida en este caso”. Además, insistió en que “no discutimos" que Dolores sea heredera; pero que si pretende cambiar la forma de producción, “tiene que tener la autorización del máximo órgano de gobierno de la Sociedad Anónima Las Margaritas S.A.”. Remarcó que “se ha extralimitado” y por eso solicitó que se “revoque lo resuelto por el señor juez de garantías (Raúl Flores)”.
Mientras tanto, los hermanos Etchevehere, se mantuvieron pendientes de lo que sucedía en Paraná, apostados en el ingreso a Casa Nueva.
A su lado, con máscara, se encuentra la fiscal María Constanza Bessa. “No vamos a discutir el carácter de heredera, o si este convenio fue firmado bajo presión. Sí importa que al firmar el convenio da cuenta del conocimiento limitado que tiene (Dolores), que es el 12,5%. Si ella pretendía los lotes que se le dan, debió pedir la partición. No tenía ningún tipo de obstáculo”, dijo. “Las Margaritas S.A. estaba explotando pacíficamente el predio hasta la irrupción de la denunciada con alrededor de 40 personas, de manera ilegítima”, agregó.
A su turno, tras los argumentos que presentaron los fiscales, Rubén Pagliotto, abogado de los Etchevehere, reiteró el pedido de desalojo, y sostuvo que se trata de “un hecho que tiene en vilo no solo a la provincia de Entre Ríos, sino a toda la República Argentina”. Aseguró que funciona como “caso espejo”.
Además, se refirió al fallo del juez Flores, que no autorizó el desalojo. “Más allá del fuero, no puede desconocer que es abogado”, señaló. “Parecía el consejo de un abuelo bueno”, criticó.
Apeló al “sentido común”, de la jueza al momento de definir, y recapituló lo sucedido, desde su punto de vista. “Una persona que hace años no aportaba para Casa Nueva, de repente irrumpió con 30 o 40 personas y se establecieron”, sostuvo. En ese sentido, habló de un “acontecimiento trágico, desde el punto de vista jurídico”, y sostuvo que Dolores encabezó un ingreso “clandestino” al campo, en el sentido en que no le dio oportunidad al directorio de la administración a decidir si se le permitía avanzar.
“No significa entrar encubierto, en realidad en este caso es ingresar a un predio eludiendo al directorio de la sociedad anónima”, explicó el abogado. “Pero Dolores no podía pedirle ninguna autorización porque ella no tenía ninguna acción”, agregó.
Ante la extensión del discurso de Pagliotto y la presentación de documentación escrita por parte de la querella, los abogados defensores de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia y Daniela Verón, solicitaron pasar a un cuarto intermedio para verificar el material, reorganizarse y continuar con la audiencia.
Al retomar, Mobilia dijo que hubo un “atropello sistemático” por parte de sus hermanos desde hace 12 años y que “ella está en una fracción minúscula de lo que le corresponde”, y cargó contra la querella y la fiscalía. Además, resaltó que la “llevaron a la insolvencia”.
Por otra parte, el abogado se refirió a la cesión de derechos firmada en 2018, por la que los Etchevehere argumentan que Dolores se desprendió de sus acciones. Aseguró que la voluntad de su clienta se encontraba "viciada”.
“Este acuerdo sobre el cual se basa la posterior cesión de acciones, no es una escritura pública. A Dolores la hicieron firmar en el marco de una extorsión. Está viciado en la forma y en el fondo”, sostuvo Mobilia.
El letrado indicó que de parte de su defendida, “no hubo despojo, no hubo delito”, y que el acto no se constituye como “violento” a causa de la cantidad de personas que la acompañaran. “Durante 12 años los hermanos la extorsionaron y apretaron sistemáticamente”, acusó.
Además, apuntando diréctamente al exfuncionario Luis Miguel Etchevehere, que se mantuvo en la puerta de ingreso al campo estos días, lo acusó de mentir. “Dijo que el acto sucesorio estaba terminado. Pero no está ni siquiera en estado prematuro. No hay una resolución que se encuentre firme”, sostuvo. “Ni siquiera tuvo el respeto de retirarse para discutirlo en la Justicia, como indicaba el fallo del juez Flores. Se atrincheró poniendo un candado en el ingreso al campo", agregó.
La jueza Castagno tiene dos pedidos: uno es el de la querella que representa a los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, y a su madre, Leonor Barbero Marcial. Y el otro es el de los fiscales Sobko y Bessa, que reclamaron la restitución del campo Casa Nueva y, por lo tanto, el desalojo de Dolores Etchevehere.
La magistrada cuenta ahora con otros dos escenarios posibles, además de disponer el desalojo: rechazar la apelación de pleno u ordenar al Juzgado de Garantías de La Paz que revise el rechazo a la cautelar. Cabe recordar que en este último caso ya no será Raúl Flores el que resuelva , ya que retomó las actividades el titular natural del Juzgado, Walter Carballo.
Para Pichetto, el Gobierno “convalidó la toma al terreno de los Etchevehere” en Entre Ríos
“En la toma en Entre Ríos hubo convalidación del Gobierno”, afirmó Miguel Ángel Pichetto, que criticó las usurpaciones de tierras. El Auditor General de la Nación viajó para acompañar a la familia Etchevehere, en un día en el que la Justicia provincial define si desaloja o no el campo tomado. En diálogo con la prensa cargó contra el dirigente social Juan Grabois, al que calificó como “un verdadero problema para la Argentina”, por impulsar las ocupaciones de terrenos.
Pichetto dijo que en la toma además de funcionarios nacionales participaron dirigentes provinciales, de acuerdo a lo que le manifestó la familia Etchevehere. “Es gravísimo lo que está ocurriendo aquí en Entre Ríos, incluso con la convalidación del Gobierno nacional, con participación de funcionarios que han estado aquí, algunos se han retirado, algunos con cargos importantes en el área de Justicia. Hoy me informan que se fue un vehículo propiedad de la Dirección de Cultura de la provincia de Entre Ríos y nos llama la atención el silencio del gobierno provincial”, aseguró.
Noticia en desarrollo que está siendo actualizada.
