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    Toma en el Indoamericano: la Justicia indaga a 6 ocupantes

    Se trata de algunos de los referentes de la usurpación ocurrida en diciembre y en la que murieron 3 personas.

    05 de septiembre 2011, 02:32hs
    LOS IMPLICADOS. Salvatierra (en el centro) es uno de los 6 acusados por la toma.
    LOS IMPLICADOS. Salvatierra (en el centro) es uno de los 6 acusados por la toma.

    Seis activistas, entre ellos el kirchnerista Alejandro "Pitu" Salvatierra, serán indagados a partir de hoy por fiscales porteños por haber organizado en diciembre de 2010 la usurpación del Parque Indoamericano, en Villa Soldati.

    Las declaraciones se concretarán luego que la Cámara Penal, Contravencional y de la Faltas de Ciudad ordenó reabrir la investigación contra los aparentes cabecillas de la toma y posterior intento de loteo del paseo público.

    Los fiscales porteños Luis Cevasco y Claudia Barcia citaron a los imputados por el delito de usurpación a una ronda de indagatorias que se iniciará hoy, a las 10, y que se extenderá hasta el martes 13, según indicaron fuentes judiciales.

    Para la primera jornada está prevista la indagatoria de Diosnel Pérez Ojeda, presidente de la junta vecinal de la villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillan, y de Luciano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa.

    En tanto, a lo largo de la semana y hasta la siguiente harán lo propio el resto de los acusados que junto con Salvatierra son Antonio Marcelo Chancalay, el delegado de la Villa 20, y Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, del barrio Los Piletones.

    El Indoamericano fue tomado el 7 de diciembre por vecinos de la zona que reclamaban una vivienda y en violento intento de desalojo realizado en forma conjunta por la Policía Federal y Metropolitana fueron asesinadas dos personas y dos días después murió otro vecino del barrio.

    La toma fue levantada tras una reunión en la Casa Rosada entre representantes de los ocupantes (entre los que se encuentran los imputados) y de los Gobiernos nacional y de la ciudad que se comprometieron a solucionar el reclamo habitacional.

    Los dirigentes están acusados de haber organizado la usurpación al llevar al parque a cientos de familias con la promesa de pagarles 700 pesos a cada uno si lo hacían, para lo cual se valieron de su rol social y político "para movilizar a miles de personas, conscientes de su necesidad habitacional".

    Los fiscales consideraron que demostraron una "posición claramente provocadora y desafiante, la cual dio lugar a una inusitada violencia no sólo con daños en la propiedad sino también y fundamentalmente con personas que resultaron heridas, sin soslayar a los fallecidos".

    Los acusadores pidieron la detención y el allanamiento de sus viviendas pero la jueza penal Cristina Nazar, quien había ordenado el desalojo del parque, rechazó en marzo el planteo y ordenó cerrar la causa al considerar que el hecho "excede el marco del derecho penal y se enrola en una cuestión social", por lo que no debe criminalizarse la protesta social.

    Para la magistrada "se puede hablar de una ocupación indebida de un espacio público, pero no se puede sostener que se trate de un delito de usurpación".

    Los fiscales insistieron en la acusación y la Cámara Penal dispuso hace un mes reabrir el expediente y que se investigue si existió la usurpación.
    Los camaristas Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y Sergio Delgado entendieron que "la invocación de la pobreza y las políticas de Estado necesarias para su superación no es suficiente para descartar la existencia de delitos" y que "el uso normal de un predio como el Parque Indoamericano no es la instalación de viviendas sino su utilización para el esparcimiento de la población".

    Tras la apertura de la causa, los fiscales desistieron de los pedidos de detención porque los acusados se pusieron a disposición de la Justicia y entendieron que no hay peligro de fuga y avanzaron con las citaciones a indagatoria.

    Las defensas de los dirigentes apelaron al Tribunal Superior de Justicia porteño el reinicio de la investigación porque la consideraron inconstitucional y pidieron la postergación de las indagatorias.

    "La acusación es infame porque no ocuparon tierras ni organizaron ninguna toma. Lo único que hicieron fue solidarizarse con el problema de las viviendas y en contra de la represión que hubo", dijo a la agencia DyN Nicolás Tauber, abogado de Diosnel Pérez y Nardulli.

    El letrado consideró: "la causa es política y está totalmente armada porque acusan a los que estuvieron presentes en la reunión en la Casa Rosada en la que se buscó una solución al conflicto habitacional".

    Tauber adelantó que pese al pedido de postergación sus clientes se presentarán hoy  y en caso que no se haga lugar a su planteo evaluará si declaran por escrito.

    En tanto, para mañana está citada Revilla y para el 13 de septiembre Salvatierra, Ruejas y Chancalay.

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