Por Manuel Jove
El juez Marcelo Martínez de Giorgi dio por cerrada una primera parte de la etapa de instrucción en una investigación que lleva más de dos años y medio. Por la causa de la fiesta Time Warp, llevará a juicio oral a los inspectores de la Ciudad y los encargados del operativo de seguridad.
Fuentes judiciales informaron a TN.com.ar que el magistrado dispuso que por ahora no vayan a juicio los presuntos organizadores del evento en el que murieron Bruno Boni, Andrés Valdez, Francisco Bertotti, Nicolás Becerra y Martín Bazzano. Tanto el abogado Víctor Stinfale como el empresario Walter Santangello y los empleados de la productora Dell S.A. Adrian Conci, Carlos Penisse y Carlos Garat esperan por una "contraprueba" en el examen toxicológico de lo fallecidos.
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Los funcionarios porteños de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y los efectivos de la Prefectura Naval que custodiaban el lugar están acusados de "incumplimiento de deberes de funcionario público", en tanto que los organizadores lo están por "facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas".
En septiembre de este año la diputada Elisa Carrió presentó una denuncia contra la Morgue Judicial de la Corte Suprema por irregularidades en las autopsias de los jóvenes que perdieron la vida en la trágica fiesta. Laura Orellano, madre de una de las víctimas y querellante en la causa, se mostró disconforme con la reciente medida.
"Nosotros nos oponemos a que la causa vaya a juicio antes de que se termine toda la instrucción. Estamos muy decepcionados con todo esto, siempre terminamos suplicando que se hagan bien las cosas para encontrar justicia", aseguró Orellano en diálogo con TN.com.ar.
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El gerente del organismo a cargo de Eventos Masivos dependiente de la AGC, Claudio Alberto Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez; los inspectores Néstor Ricardo Cella, Gustavo Alberto Herms y Pablo Germán Fontanellas habían sido procesados por el juez original de la causa, Sebastían Casanello, el 31 de mayo de 2016.
Tanto Casanello como el fiscal Federico Delgado fueron apartados por pedido Mariano Cúneo Libarona y Matías Morla, abogados defensores de los responsables de la organización. El juez Martínez de Giorgi y el fiscal Ramiro Gonzalez continuaron con la investigación desde entonces.
