El juez federal de Morón, Néstor Barral, procesó el viernes a José Bayron Piedrahita Ceballos, lo embargó por $200 millones y ordenó el decomiso de los bienes que tenía en Buenos Aires y le pidió a las autoridades de Colombia que aprueben la extradición a la Argentina.
El magistrado pudo avanzar en la investigación a partir de la declaración de un "imputado colaborador" que, además de apuntar contra ese narcotraficante colombiano, también aseguró que el exfutbolista de la selección de Colombia y de Boca Juniors, Mauricio Serna, más conocido como "Chicho", fue testaferro del capo narco Carlos Mario Aguilar, alias "Rogelio", exjefe de la Oficina de Envigado.
Ese "arrepentido" también afirmó que María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos, la viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, sabían de la relación de Piedrahita Ceballos con el cartel de Cali al momento de realizar negocios en 2008 en la Argentina.
De hecho, el "imputado colabordor" declaró que Piedrahita Ceballos y Santos Caballero estuvieron en las reuniones en Colombia en las que se negociaron el proceso de paz tras la muerte de Escobar. En uno de esos encuentros también participaron los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, por entonces jefes del cartel de Cali. Piedrahita Ceballos formaba parte del grupo de los Orejuela.
La investigación en la Argentina contra Piedrahita Ceballos, los herederos de Escobar y el exfutbolista Serna comenzó cuando el juez Barral recibió por parte de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos un informe sobre una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos investigada en Colombia con vínculos con personas que vivían en Buenos Aires.
Una de esas personas era el abogado Mateo Corvo Dolcet, exletrado justamente de la viuda de Escobar, que estaba al frente de un proyecto inmobiliario de cocheras en la zona de acceso a la autopista panamericana a la altura del partido bonaerense de Pilar.
