La intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, será investigada por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", a raíz de la persecución policial en su municipio en la que murieron cuatro adolescentes en mayo.
El fiscal Lisandro Damonte, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Cañuelas, solicitó la apertura de una investigación penal, separada de la causa inicial, contra ella.
Además, y según comunicó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), solicitó también que el funcionario Nelson Julio Barrios sea investigado por el mismo delito.
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La CPM, en calidad de patrocinante de dos de las familias de las víctimas, había solicitado que se avance con esa denuncia, y desde el primer momento sostuvo la necesidad de investigar la responsabilidad de Mayol en la masacre de San Miguel del Monte y su participación en los hechos posteriores a la persecución policial que terminó con la vida de cuatro jóvenes y otra adolescente con lesiones graves.
"Este pedido también fue realizado por las familias de las víctimas que, a pesar de las interpelaciones públicas a la intendenta, nunca obtuvieron una respuesta acorde al dolor que sufrieron", indicaron en un comunicado desde la CPM.
Damonte inició la investigación en la que determinará si la intendenta y el funcionario conocían o fueron parte de las acciones corporativas de encubrimiento, que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial en el hecho.
La causa por la muerte de los cuatro adolescentes tiene trece imputados: cuatro policías bonaerenses por el delito de homicidio y otros ocho por encubrimiento. El exsecretario municipal de San Miguel del Monte también está acusado por encubrimiento e incumplimiento de deberes del funcionario público.
El lamentable episodio ocurrió durante la madrugada del 20 de mayo pasado, cuando dos patrulleros de la Estación Comunal de San Miguel del Monte persiguieron a los tiros al Fiat Spazio en el que se trasladaban cinco jóvenes de entre 13 y 22 años, hasta que el vehículo impactó contra un acoplado detenido al costado de la colectora 9 de Julio. Cuatro de ellos murieron.
"Desde el primer momento, y en base a las pruebas aportadas, la Comisión Provincial por la Memoria sostuvo que la trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la intendenta Mayol", señalaron en el comunicado.
