La Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires ordenó reabrir la causa por la toma del Parque Indoamericano y sostuvo que "todos tenemos derecho al uso y goce de los bienes públicos", al criticar a la jueza que archivó el expediente por considerar que no hubo usurpación del predio.
Los camaristas Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y Sergio Delgado dispusieron así que se analice el pedido de detención y los allanamientos de los domicilios del kirchnerista Alejandro "Pitu" Salvatierra y de otros cinco dirigentes barriales de la zona solicitados por la fiscalía, que los acusó de ser los jefes de la toma.
La jueza Cristina Nazar cerró en marzo la causa al sostener que "se puede hablar de una ocupación indebida de un espacio público, pero no se puede sostener que se trate de un delito de usurpación" y que el hecho "excede el marco del derecho penal y se enrola en una cuestión social", por lo que no debe criminalizarse la protesta social.
Los camaristas consideraron "arbitraria" la resolución, que "carece de fundamentación" y "es contradictoria con otras resoluciones dictadas por la Judicante en la misma causa", ya que Nazar había ordenado el 7 de diciembre el desalojo del predio en el que fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña.
Asimismo, dijeron que "la invocación de la pobreza y las políticas de Estado necesarias para su superación no es suficiente para descartar la existencia de delitos" y que "el uso normal de un predio como el Parque Indoamericano no es la instalación de viviendas sino su utilización para el esparcimiento de la población".
"Está fuera de toda duda que las calles, ríos y los parques, entre otras, son bienes dominicales porque satisfacen las necesidades públicas y el derecho a esos bienes se manifiesta por el uso de todos, ello sobre la base del principio de igualdad", explicaron.
"Todos tenemos derecho al uso y goce de los bienes públicos", afirmaron, y sostuvieron que "si los parques, como el Indoamericano, son bienes de dominio público y, como tal, todos los habitantes son titulares del derecho de uso común, en modo alguno pueden uno o más de ellos arrogarse un poder sobre esos bienes que restrinja el derecho de los demás".
A pesar de las críticas, la Cámara no apartó a la jueza Nazar de la causa, como había pedido la fiscalía, por considerar que "no existen motivos para suponer, de momento, comprometida la imparcialidad de la Magistrada".
Los fiscales Claudia Barcia y Luis Cevasco pidieron la detención de Salvatierra; los delegados de la Villa 20 Antonio Marcelo Chancalay y Diosnel Pérez Ojeda, este último presidente de su junta vecinal y miembro del Frente Popular Darío Santillan; Luciano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa; y Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, del barrio Los Piletones.
A todos ellos los consideraron organizadores de la toma del parque para lo cual movilizaron 300 personas y de una segunda ocupación, dos días después a la primera, junto a otras 1.500 personas, a quienes les prometieron 700 pesos.
Además de este expediente se tramita otra causa en la que se investigan los crímenes de Salgueiro y Chura Puña, quienes fueron asesinados el 7 de diciembre, y de Juan Castañeta Quispe, quien falleció dos días después, los tres en episodios en los que se intentó desalojar el parque.
Por las dos primeras muertes se investiga la responsabilidad de la Policía Metropolitana, que junto a la Policía Federal, tuvo a cargo el desalojo del predio, pero no hay imputados.
