Un delegado del sindicato de conductores de taxis, un empleado aeroportuario y otros siete choferes fueron detenidos a raíz de una investigación por la "mafia de los taxis" que operan en el aeropuerto internacional de Ezeiza. De acuerdo al expediente, los acusados amenazaban y les exigían el pago de un canon para operar con el transporte de pasajeros.
Fuentes judiciales informaron que tras un año de investigación a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, detuvieron a nueve personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita y por el delito de extorsión.
El trabajo del juez Villena comenzó en 2018 cuando taxistas denunciaron aprietes para poder trabajar trasladando a pasajeros desde y hacia el Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini. Por este motivo, el magistrado dispuso la intervención de Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Bonaerense, para realizar tareas de inteligencia, así como escuchas telefónicas y de seguimiento.
Durante la investigación, un policía bonaerense se camufló de chofer para dejar al descubierto los aprietes a los taxistas en Ezeiza. Esto dio lugar a que más testigos se presenten a declarar en la causa.
Según determinó la investigación, a los taxistas que trasladaban pasajeros desde y hacia el Aeropuerto de Ezeiza les cobraban un canon que partía desde los 300 pesos por pasajero en algunas ocasiones o más.
Tras un año de investigación, Villena dispuso la detención de estas nueve personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita que extorsionaba a otros taxistas, entre ellos un delegado del sindicato de conductores de taxis que conduce José Ibarra.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, los taxistas bajo la mira de los investigadores integran tanto el sindicato de conductores de taxis así como del de Peones de Taxis que conduce Jorge Omar Viviani. Uno de los detenidos es empleado de Aeropuertos Argentinos 2000 quien entregaba a los choferes las tarjetas que los habilitaban a ingresar sin cargo al playón del Aeropuerto de Ezeiza para poder operar.
Después de una serie de allanamientos en oficinas de Ezeiza y domicilios particulares, secuestraron dos armas de fuego con las que se presumían apretaban a los taxistas, documentación, dinero en efectivo producto de la recaudación, agendas y anotaciones de cómo operaba la organización.
