Lorena Martins, quien en diciembre pasado denunció a su padre Raúl Martins de regentear una red de trata de personas y explotación sexual, advirtió que en la Ciudad de Buenos Aires se "venden" mujeres "a Mendoza por 1.000 pesos" mientras "otras son llevadas a México sin documentos".
"Lamentablemente soy la hija del mayor proxeneta que existió en la historia de la ciudad de Buenos Aires", ratificó la mujer al referirse a su padre y exagente de la SIDE.
Martins concurrió ayer a la Legislatura porteña invitada por las presidentas de las comisiones Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, María Elena Naddeo, y de Seguimiento de la Ley de Igualdad de Trato, María José Lubertino. "Yo me estoy jugando la vida y desde el gobierno de la Ciudad ni siquiera hicieron una inspección", criticó Martins.
La mujer volvió a decir que Oscar Ríos, ex titular de la Agencia Gubernamental de Control, recibió dinero para la campaña política del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, e insistió en denunciar la "complicidad" de ese organismo en la habilitación de prostíbulos.
Naddeo, por su parte, consideró "un avance importante" la sanción de la ley de trata, pero aseguró que "falta trabajar en los mecanismos de detección del proxenetismo", porque "sigue habiendo connivencia y no se investiga donde se tiene que investigar". En tanto, Lubertino cuestionó que la denuncia de Martins "no haya tenido ni la repercusión ni la visibilidad pública que los hechos denuncados requieren".
Martins denunció en diciembre pasado a su padre por regentear prostíbulos en Buenos Aires y México, donde habría contado con protección policía. Además, aseguró que llevaba mujeres a Cancún bajo la promesa de trabajar en distintos empleos pero luego las obligaba a prostituirse.
Al respecto, aseveró que allegados a su padre le habrían dado 10 mil dólares a Ríos como aporte para la campaña de Macri para la elección comunal de 2011.
Esta causa se sumó a un expediente mayor que tiene a su cargo la jueza María Servini de Cubría, en el que investiga la presunta protección policial a más de 50 prostíbulos porteños para que puedan funcionar.
