El miércoles 6, el expediatra Ricardo Russo del Hospital Garrahan acusado de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la profesión. Además, el juez Gonzalo Rúa consideró que había peligro de fuga y ordenó su captura inmediata.
// El expediatra Ricardo Russo será trasladado a un penal para agresores sexuales en la Patagonia
Detrás de esta investigación y la posterior sentencia hubo dos mujeres que trabajaron arduamente en busca de justicia. Una de ellas es la fiscal penal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy; la otra, la fiscal querellante del Hospital Garrahan, María Susana Ciruzzi.
Russo trabajó durante 26 años en este hospital pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires y en 2008 fue ascendido a Jefe de Inmunología y Reumatología. Para el personal de la institución su caso fue un baldazo de agua fría, según relevó en una entrevista el Diario Clarín.
Ciruzzi solía cruzar al expediatra por los pasillos del hospital y tenía un contacto permanente para hablar de las decisiones que tenían que tomar sobre los pacientes, el cuidado de los niños u otros consentimientos.
La abogada lo calificaba de "eminencia" y sintió una gran decepción al enterarse de su vínculo con la pornografía infantil.
Para Dupuy, las pruebas fueron aberrantes. Así las definió durante las audiencias en las que se mostró el material audiovisual que contenía violencia y abuso sexual explícito.
La fiscal asegura que, a lo largo de estos años, se confirmaron más de 1.500 víctimas diferentes, todos niños y niñas que aparecen en las fotos y el material fílmico en situaciones de abuso o explotación sexual. Hay desde bebés hasta niños de 12 años.
La fiscalía aun desconoce la procedencia de algunos videos, no sabe si se han producido en la Argentina o no. Pero las imágenes son terribles. Según Dupuy, los pedófilos utilizan una base de datos en la que consumen y suben material.
A su vez, se descubrió que Russo sacaba fotos en las playas haciendo zoom en las partes genitales de las niñas que se encontraban jugando. Por ejemplo, en casos de niñas a las cuales le cambiaban la malla saliendo del mar u otras que jugaban haciendo pozos en la arena.
Dentro del hospital, se comprobó que Russo realizó cuatro producciones de cuatro pacientes diferentes. Solo lograron identificar con nombre y apellido el caso de unas mellizas cuyos padres fueron notificados y continúan atendiéndose en el hospital.
En el resto de los casos, no se les logra ver la carita por lo cual es complicado identificarlos. Lo único que se pudo identificar es que las fotos fueron tomadas dentro de su consultorio con su teléfono celular.
A su vez, la fiscal reveló que el expediatra tenía en la computadora del hospital más de 100 fotos con contenido sexual explícito de menores de edad que no fueron tomadas por él.
Ciruzzi contó que ante la repercusión del caso hubo padres que se acercaron al Garrahan para plantear inquietudes y que derivaron en dos investigaciones paralelas que se llevan adelante de forma separada a la causa que lo condenó a 10 años de prisión que pasará en un penal de la Patagonia para abusadores sexuales.
Dentro del hospital, se armó un comité de crisis para tratar todas las dudas e inquietudes del personal y los pacientes, informó la abogada. Y el hospital también fue considerado una víctima más de este delito.
A partir de ahora, Ciruzzi contó que buscarán mejorar los protocolos para la toma de fotografías. También descartó poner cámaras de seguridad dentro de los consultorios porque considera que es una intromisión en la vida de los pacientes. Tampoco piensan controlar las computadoras o la vida en redes sociales de sus médicos.
Según la abogada, Russo no pudo haber descargado ese tipo de contenidos desde la web del hospital, sino que se estima que lo tenía en un pendrive dentro de una carpeta con nombre de banda musical "Tom Petty and the Heartbreakers".
Respecto a este delito, la fiscal Dupuy dio a conocer una estadística terrible: en la Ciudad de Buenos Aires hay tres fiscalías especializadas en cibercrimen y el 85% de los casos tienen que ver con la explotación sexual infantil. En este marco, la Argentina ingresó el año pasado a la Convención de Budapest, con la posibilidad de tener ayuda internacional en estas investigaciones.
