La punta para empezar a revelar la trama de abusos en el Instituto para niños hipoacúsicos Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, en Mendoza, surgió hace una semana. A partir de ahí, fue como adentrarse en un espiral sin fin. Al menos 60 casos y más de 25 testimonios determinaron que dos sacerdotes y un empleado del establecimiento terminaran tras las rejas.
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Una integrante de una asociación de sordos se acercó el viernes durante un acto a la senadora del radicalismo Daniela García y a través de una intérprete le contó sobre un caso del que ella había sido testigo. La legisladora presentó la denuncia inmediatamente y después de que la testigo ratificara sus dichos por lenguaje de señas ante un fiscal, una psicóloga y auxiliares de la Justicia, se dio inicio a la investigación.
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Todas las víctimas eran menores y aunque la mayoría de los casos ocurrieron entre los años 2007, 2008 y 2009, los investigadores no descartan que se hayan extendido hasta la actualidad ni que haya más implicados y nuevas detenciones.
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De los sacerdotes detenidos uno tiene 82 años, es italiano y figura en la lista de curas denunciados por abusos en Italia, razón por la cual habría sido destinado a Argentina, para alejarlo del escándalo. Por su edad, se dispuso su arresto domiciliario. El otro párroco tiene 56 años y quedará preso, al igual que el empleado de la institución.
Los tres detenidos fueron imputados por el delito de abuso sexual agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores. Los abusos, que duraron años, habrían sido con acceso carnal, manoseos y sexo oral.
La noticia convulsionó la provincia y la respuesta del Arzobispado, de quien depende este establecimiento para chicos sordomudos, tampoco se hizo esperar. Emitieron un comunicado a través del cual manifestaron su absoluta voluntad de colaborar en el esclarecimiento del hecho.
EL COMUNICADO
1- Nos entristecen e indignan dichos sucesos. Manifestamos nuestra solidaridad y cercanía con las víctimas de los hechos objeto de la denuncia.
2- Apenas conocida la noticia de estos sucesos fueron informadas las legitimas autoridades del Instituto (que es de Derecho Pontificio), quienes deberán iniciar el debido proceso canónico establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados.
3- En cuanto esté al alcance de este Arzobispado, se brindará toda la cooperación que corresponda a las autoridades judiciales para el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados.
