"“No dejen que entren. Una vez que están adentro, no se los sacan más”, fue la advertencia a los argentinos en septiembre de 2008 del gobierno mexicano que ya soportaba treinta años de narcoguerra. Ni en la Casa Rosada ni en la Cancillería ni en los ministerios de Interior y Justicia escucharon nada. “¡Es una descortesía y total falta de interés, vamos a presentar una protesta formal!”, lanzó firme del otro lado del teléfono el vicecanciller mexicano Gerónimo Gutiérrez al entonces embajador argentino en el DF, Jorge Yoma. El Procurador General de la República (equivalente a ministro de Justicia) Eduardo Medina Mora Icaza, actual embajador mexicano en Estados Unidos, había estado en Buenos Aires para tratar el tema de la entrada de los carteles de la droga de su país en Argentina y no había conseguido ninguna reacción. Desde Washington presionaban para que se tomaran acciones firmes contra el comercio de químicos que estaba abasteciendo a los narcos mexicanos para elaborar drogas sintéticas. Y ya estaba prevista la visita del presidente Felipe Calderón a Buenos Aires para dos meses más tarde. Un hecho fortuito hizo que todo se calmara por unos días. El esposo de la canciller mexicana es un correntino que hizo de mediador informal. Posteriormente, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, recibió a una delegación mexicana y mostró interés en el combate contra las drogas. Pero el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, insistía: “No es cierto, acá no hay ningún cartel mexicano”. Yoma está ahora sentado en un cómodo sillón del Club Vilas de Palermo y confirma lo sucedido: “No había voluntad política de hacer nada. Creo que nadie en la clase política argentina tiene idea clara de la dimensión de lo que estamos hablando”.
Con la visita de Calderón en noviembre del 2008 y ante la insistencia de los mexicanos, se firmó un tratado bilateral de extradición. Cristina puso la firma a pesar de la oposición de algunos de sus ministros. Pero el acuerdo quedó dormido en los cajones del Congreso por cinco años. Terminó siendo aprobado de apuro en diciembre del 2013 sin que muchos diputados y senadores supieran la historia diplomática del documento. Para entonces, los mexicanos ya tenían 70.000 muertos de su narcoguerra y el cartel de Sinaloa que lideraba Joaquín el “Chapo” Guzmán, atrapado la semana pasada por la Marina mexicana gracias a la inteligencia aportada por la DEA estadounidense, ya operaba desde hacía mucho en la Argentina".
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