Según un relevamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), durante la pandemia, la Justicia concedió un número 15 veces mayor de arrestos domiciliarios a presos alojados en cárceles federales. Siete de cada diez personas a quienes se les otorgó este beneficio estaban privadas de la libertad por delitos vinculados con drogas.
Desde la declaración de la emergencia sanitaria, el 12 de marzo pasado, hasta mediados de abril, egresaron 688 personas de las cárceles federales, de las cuales 314 fueron bajo arrestos domiciliarios.
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Se trata de un aumento del 1495% en relación a 2018: en el mismo periodo de ese año, se dieron 21 domiciliarias, indicó el informe que Equipo de Estadística y Bases de Datos de la PPN elaboró de acuerdo a datos del SPF.
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Del total de beneficiados, el 36% son mujeres (112) y 64% (202) varones.
Asimismo, siete de cada 10 personas que fueron beneficiados por la medida están detenidas por causas vinculadas a drogas (infracción ley 23.737).
Se trata de 137 internos, es decir 69% del total. Otros 38 presos que recibieron arresto domiciliario cometieron "otros delitos" sin especificar (19 por ciento); otros 23 por delitos contra la propiedad (12 por ciento). No hay datos sobre 116 casos.
En total, en esas fechas, este año egresaron al menos 688 personas de las cárceles del SPF.
El 45% salió por las domiciliarias; al 25% se le concedió la libertad por razones que no fueron especificadas; el 12% cumplió su pena; hubo 8 % de libertades condicionales; 4% de excarcelaciones y mismo número de libertades asistidas.
Por otro lado, desde la declaración de la emergencia sanitaria se incorporaron al sistema 694 detenidos por la Policía de la Ciudad, que violaron el aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado por el Gobierno para mitigar el contagio del coronavirus.
La situación de las domiciliarias en la Justicia Federal
Este martes la Corte bonaerense dejó sin efecto una resolución del juez Víctor Violini que recomendaba dar domiciliaria a personas que sean consideradas dentro de los grupos de riesgo del COVID-19 y que no hayan cometido delitos graves.
En el ámbito federal, todavía rigen las acordadas dictadas por las cámaras de casación federal y nacional. Éstas recomiendan criterios a los jueces que deciden la situación de los reclusos.
"La pandemia por COVID-19 conlleva una emergencia de salud pública sin precedentes, y las cárceles constituyen uno de los lugares de mayor riesgo por concentrar una gran cantidad de población en espacios cerrados y en condiciones deficientes de salubridad e higiene, más aún en los países de la región latinoamericana, con situaciones de hacinamiento extremas", advirtió la PPN en ese sentido.
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La Procuración que dirige Francisco Mugnolo recordó, a la vez, que la OMS y distintos organismos de Derechos Humanos, entre ellos la ONU, recomendó a los países "la urgente reducción de la población detenida para evitar una catástrofe en términos humanitarios y de salud pública".
"Desde la declaración de la pandemia muchos países han reducido su población carcelaria mediante intervención de distintos poderes del Estado. En la Argentina se asumió que la solución debía ser judicial, correspondiendo a los distintos jueces y tribunales revisar la prisión preventiva o las condenas a penas de prisión de las personas privadas de libertad en situación de mayor riesgo y sustituir el encierro carcelario por arresto domiciliario en casos de delitos menores no violentos", explicaron.
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Por último detallaron: "Las revisiones judiciales y sobre todo el menor ingreso de nuevos detenidos como resultado de la disminución de los delitos y de las detenciones policiales han producido una reducción de la población privada de libertad en las cárceles federales".
El hacinamiento y el caso Devoto
Sin embargo, el PPN afirmó que el hacinamiento continúa: "Según datos del SPF en la actualidad no habría sobrepoblación en las cárceles federales. Pero la administración penitenciaria altera arbitrariamente los cupos de alojamiento declarados de los distintos establecimientos penitenciarios y que una simple cama no equivale a una plaza carcelaria sino que hay que garantizar unas condiciones mínimas de alojamiento en cuanto a espacio vital, ventilación, higiene y acceso a derechos".
"Hay muchas cárceles en las que resulta imposible adoptar medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, en particular Devoto, que tiene niveles de hacinamiento muy graves", criticó el organismo.
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E insistió con las domiciliarias: "Resulta fundamental que los jueces revisen las disposiciones de encarcelamiento de las personas detenidas por delitos menores conforme las acordadas de las cámaras de casación y las recomendaciones internacionales, y sustituyan temporalmente el encierro carcelario por arresto domiciliario, a fin de evitar comprometer la salud pública en las cárceles y en la comunidad en general".
