El excomisario de la Policía Federal (PFA) Miguel Ángel Espósito, acusado por la detención ilegal de Walter Bulacio en 1991 tras un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se negó a declarar en el comienzo del juicio oral al que es sometido por el caso.
Su abogado defensor, Pablo Argibay Molina, manifestó que Bulacio (17), detenido al salir del recital que se realizó en el estadio Obras Sanitarias de la Capital Federal, no murió por los golpes aplicados en la comisaría sino "por un aneurisma congénito".
El juicio comenzó ayer pasadas las 11 en el Tribunal Oral en lo Criminal 29 porteño, aunque no contó con la presencia de Espósito, quien llegó al debate en libertad y está acusado de un delito menor, "privación ilegal de la libertad", que tiene como pena máxima seis años de prisión.
Es que Espósito, a quien nunca se le imputaron las "torturas seguidas de muerte" que para la familia sufrió el adolescente, no estuvo presente en el comienzo del juicio debido a que se encuentra en un estado delicado de salud.
Fuentes del TOC 29 revelaron que el imputado compareció ante los jueces, Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, a través de videoconferencia desde una oficina del Consejo de la Magistratura.
Esta metodología molestó a la familia de Bulacio ya que no es habitual que un imputado sea indagado de esa forma, en tanto Argibay Molina explicó que Espósito sufrió "un infarto producido después de la exoneración, que es un episodio inútil que generó el señor Aníbal Fernández".
El letrado se refería a cuando en 2008, el por entonces ministro de Justicia de la Nación echó a Espósito de la PFA. El defensor del excomisario dijo también que Bulacio no sufrió una muerte no violenta y que la acusación contra Espósito "es parte de la conspiración del propio poder judicial".
"Hay un problema de una muerte por un problema de un aneurisma cerebral Molina, quien también calificó de "payasesca" la resolución de 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad.
